El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, evaluó el recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba que rechazó una demanda por reparación directa presentada contra la Nación y entidades del sector defensa, en relación con la muerte de un dirigente gremial y político en el departamento afectado por grupos armados ilegales. La demanda buscaba declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el homicidio ocurrido en 2001, considerado delito de lesa humanidad por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior. El tribunal de primera instancia rechazó la demanda argumentando que se presentó fuera del término legal previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al computar el plazo desde la fecha en que se declaró judicialmente la responsabilidad estatal en 2015. La parte demandante apeló, alegando que en casos de delitos de lesa humanidad no opera la caducidad y que el plazo para demandar debe iniciarse solo cuando se tenga conocimiento efectivo del daño y de la posible atribución al Estado.

Jurisprudencia y fundamentación del Consejo de Estado

En su decisión, la Subsección A destacó la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, que establece que el término de caducidad para acciones de reparación directa en delitos de lesa humanidad es aplicable, pero se debe calcular desde el momento en que los afectados tuvieron o debieron tener conocimiento del daño y la posible responsabilidad estatal, siempre que se pruebe la imposibilidad de conocerlo antes. Se subrayó que no existía prueba suficiente en el...