El caso se originó con una demanda presentada contra el municipio de Fusagasugá por herederos de una causante fallecida, quienes alegaban perjuicios patrimoniales debido a la imposibilidad de disponer de varios inmuebles declarados de utilidad pública mediante un acuerdo municipal de 1993. Los demandantes afirmaban que el municipio no había adquirido los bienes ni permitido su disposición, generándoles daños por el bloqueo jurídico de los predios. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones al considerar que los demandantes no acreditaron la calidad de herederos ni la titularidad de los inmuebles, por lo que carecían de legitimación en la causa por activa. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación. El Consejo de Estado, en segunda instancia, revisó el caso y confirmó la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes. La Sala explicó que, para demandar en representación de una sucesión, es indispensable acreditar la calidad de heredero mediante documentos probatorios como el testamento, actas del estado civil o auto judicial que reconozca dicha calidad, lo cual no ocurrió en este proceso. Aunque se aportaron registros civiles de nacimiento y defunción, estos no demostraron el parentesco directo ni la vocación hereditaria suficiente. Además, la Sala destacó que la posesión legal derivada de la sucesión requiere decreto judicial de posesión efectiva e inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria para habilitar la disposición de los bienes. La falta de acreditación de estos requisitos impidió establecer la titularidad del derecho de dominio sobre los inmuebles afectados. En cuanto a la vigencia de la acción, se consideró presentada oportunamente la demanda, tomando como fecha de conocimiento del daño un oficio del Departamento Administrativo de Planeación municipal de 2014, y verificándose que la demanda se interpuso dentro del plazo legal de dos años para el medio de control de reparación directa. Finalmente, el Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia para declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes y condenarlos en costas en ambas instancias, fijando además agencias en derecho correspondientes. Este pronunciamiento recuerda la importancia de acreditar fehacientemente la calidad para demandar en procesos de reparación directa relacionados con sucesiones y afectaciones a derechos reales, así como la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la posesión y disposición de bienes heredados. Así, se fortalece el rigor jurídico en la protección del derecho de propiedad y se garantiza la adecuada representación procesal en demandas contra entidades públicas.