Antecedentes y naturaleza del proceso

El proceso se originó en una demanda presentada en septiembre de 2013 para librar mandamiento de pago contra la UGPP, en calidad de sucesora de una entidad liquidada, por diferencias pensionales reconocidas en una sentencia de 2008. La demanda solicitaba el pago de diferencias pensionales indexadas, intereses moratorios y costas procesales. La sentencia base ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación tomando en cuenta factores salariales omitidos y estableció la forma de indexación y actualización de las sumas adeudadas.

Modificación judicial y recursos de apelación

El Tribunal Administrativo de Santander, en auto de julio de 2024, modificó las liquidaciones presentadas por las partes y aprobó la realizada por un contador liquidador adscrito al tribunal, fijando el valor adeudado con corte a enero de 2024. Ambas partes interpusieron recursos de apelación contra esta decisión, argumentando errores en la liquidación, cálculo de intereses, aplicación de límites pensionales y fecha de corte para la indexación.

Competencia y marco normativo

El Consejo de Estado, conforme a la legislación vigente y la jurisprudencia, es competente para resolver el recurso de apelación en relación con los reparos concretos formulados. Se recordó que la jurisdicción contencioso-administrativa tiene competencia para procesos ejecutivos derivados de obligaciones judiciales contra entidades públicas y que la liquidación del crédito debe ajustarse estrictamente a lo establecido en el título ejecutivo.

Análisis y decisión del Consejo de Estado

La Sala concluyó que el auto recurrido no respetó plenamente las reglas y parámetros establecidos en la sentencia base para la liquidación del crédito. Se señaló que la limitación de la cuantía de la pensión basada en topes normativos posteriores no es procedente cuando existe un régimen especial aplicable. Además, se corrigieron errores en la aplicación del índice de precios al consumidor para la indexación y en la realización indebida de una doble indexación, lo cual afecta la seguridad jurídica y el patrimonio público. Igualmente, se estableció que los intereses moratorios deben calcularse a partir de la ejecutoria de la sentencia y cesan en ciertos periodos conforme a la ley y jurisprudencia, descartando la aplicación simultánea de indexación e intereses moratorios sobre las mismas sumas. Por último, se confirmó la no existencia de caducidad en la acción ejecutiva, dado que la demanda se presentó dentro del término legal de cinco años contado desde la exigibilidad de la obligación.

Valores aprobados y efectos

El Consejo de Estado aprobó la reliquidación del crédito con corte al 19 de mayo de 2025, fijando el capital insoluto consolidado en aproximadamente 258 millones de pesos y los intereses moratorios en alrededor de 1.294 millones de pesos, para un total actualizado que supera los 1.552 millones de pesos. En firme esta providencia, el expediente será devuelto al tribunal de origen para los efectos correspondientes y para que se proceda con el cumplimiento de lo ordenado.

Conclusión

Este fallo destaca la importancia del control judicial riguroso en la liquidación de créditos derivados de sentencias judiciales contra entidades públicas, garantizando que los valores reconocidos se ajusten estrictamente al título ejecutivo y se respeten los principios de legalidad y protección del patrimonio público. La decisión reafirma las competencias y las reglas procesales aplicables en los procesos ejecutivos administrativos, especialmente en materia pensional, contribuyendo a la seguridad jurídica y al adecuado manejo de los recursos públicos.