Antecedentes y contexto del proceso

El proceso ejecutivo se originó a partir de una sentencia de primera instancia que ordenó la nulidad de varias resoluciones expedidas por el ISS, hoy Colpensiones, y condenó a la entidad a reliquidar el monto de la pensión de jubilación del demandante. La demanda se presentó en noviembre de 2017, solicitando el pago de un retroactivo pensional y sus intereses moratorios. Durante el trámite, el Tribunal Administrativo de Santander modificó la liquidación del crédito inicialmente presentada, aprobando una cifra menor que la solicitada por la parte ejecutante.

Revisión y decisión del Consejo de Estado

El recurso de apelación interpuesto cuestionó aspectos técnicos de la liquidación, como la aplicación del valor real de la prima de navidad, la indexación de la primera mesada pensional y la indexación sobre el saldo posterior a la ejecutoria de la sentencia. El Consejo de Estado realizó un análisis detallado de estos cargos, destacando que: - La liquidación debe ajustarse a los parámetros establecidos en la sentencia base de ejecución, incluyendo la proporción adecuada de los factores salariales para el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL). - La indexación se aplica conforme a las reglas legales, evitando la duplicidad con intereses moratorios, dado que ambos buscan compensar la devaluación del dinero. - Se corrigió un error en el cálculo del IBL, ajustando los valores salariales y reliquidando el crédito con las cifras correctas. - Se aplicó la jurisprudencia que impide la aplicación simultánea de indexación y reconocimiento de intereses moratorios para evitar pagos dobles. - Se determinó que los intereses moratorios deben calcularse desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago total de la obligación, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Protección del patrimonio público y legalidad

El Consejo de Estado resaltó la importancia de proteger el patrimonio público y el principio de legalidad en la actuación administrativa, por lo que el juez debe verificar exhaustivamente la legalidad de las liquidaciones en procesos ejecutivos. Además, se destacó que la administración judicial del proceso debe garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en las sentencias, evitando cálculos erróneos o indebidos que puedan afectar las finanzas públicas.

Resultado y efectos de la decisión

Como resultado, se revocó el auto del Tribunal Administrativo de Santander que modificó la liquidación del crédito y se aprobó la reliquidación realizada por el Consejo de Estado. La entidad ejecutada, Colpensiones, se encuentra a paz y salvo por concepto de capital e intereses con corte al 31 de marzo de 2024, existiendo un saldo a favor por valor de más de siete millones de pesos. Finalmente, se reconoció la personería para actuar judicialmente en representación de Colpensiones y se ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para lo pertinente. Esta decisión reafirma el rigor y la precisión exigidos en los procesos ejecutivos administrativos, especialmente en materia pensional, y subraya la responsabilidad judicial en la protección de los recursos públicos y la correcta aplicación de la ley, garantizando así la transparencia y justicia en el manejo de las obligaciones pensionales del Estado.