Contexto del proceso y medida cautelar

En agosto de 2023 se presentó una acción popular contra el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el municipio de Ibagué, alegando incumplimiento en la implementación de la política pública para vendedores informales establecida en la Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022. La demanda señalaba que las autoridades no habían censado ni carnetizado a esta población, lo que impedía el acceso a beneficios como subsidios, capacitación y programas de formalización. Durante el proceso, el tribunal administrativo decretó una inspección judicial en el centro de Ibagué para verificar aspectos como el censo, carnetización, subsidios, reglamentación de locales y capacitación. En esta diligencia, se identificó a un vendedor ambulante que supuestamente usaba indebidamente el espacio público, lo que motivó la adopción de una medida cautelar que ordenaba su retiro inmediato y la suspensión de los permisos otorgados por el municipio.

Recursos de apelación y argumentos

El municipio de Ibagué, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio del Trabajo interpusieron recursos de apelación contra la medida cautelar. Alegaron que la decisión no guardaba relación con las pretensiones de la demanda, que vulneraba el derecho al debido proceso tanto del vendedor como de la entidad territorial, y que no se demostró daño al interés público. También señalaron que la medida afectaba los derechos laborales de los empleados del establecimiento.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado señaló que las medidas cautelares deben tener una relación directa y necesaria...