Propósito general y objetivo principal del proyecto de resolución

El proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Transporte tiene como propósito general normalizar la estructura tarifaria vigente para las categorías III, IV y V del Peaje Machetá, parte integral del Proyecto Transversal del Sisga, cuyo contrato de concesión se realiza bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) No. 009 de 2015. El objetivo principal radica en restablecer y reglamentar un esquema progresivo de incremento tarifario que permita mantener el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del proyecto y la mitigación del impacto social y económico en las comunidades aledañas.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

La resolución establece que para el año 2025 y hasta el 15 de enero de 2026 se mantendrán las tarifas vigentes para las categorías III, IV y V, que incluyen el Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI). Posteriormente, se implementará un incremento gradual en las tarifas en tres vigencias consecutivas: a partir del 16 de enero de 2026, 2027 y 2028, respectivamente. Las tarifas se expresan en pesos constantes de diciembre de 2013 y se actualizarán anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, sumando el valor correspondiente del FOSEVI vigente para cada año, conforme a lo establecido en el contrato de concesión. A partir del 16 de enero de 2028, las tarifas deberán coincidir con las actualizaciones contractuales sin compensaciones por diferenciales tarifarios. El esquema tarifario para las categorías se detalla así: - Categoría III (camiones pequeños de dos ejes): desde $10.800 en 2026 hasta $16.300 en 2028. - Categoría IV (camiones grandes de dos ejes): desde $12.500 en 2026 hasta $20.600 en 2028. - Categoría V (camiones de tres y cuatro ejes): desde $21.900 en 2026 hasta $31.800 en 2028. Cabe destacar que estas tarifas no incluyen el FOSEVI ni otras sobretasas, las cuales se aplican de forma adicional.

Medidas específicas y regulaciones establecidas

La resolución mantiene vigentes todas las disposiciones anteriores que no hayan sido modificadas expresamente, garantizando continuidad normativa. Además, se dispone que la actualización de tarifas posteriores al 2028 se regirá estrictamente por lo estipulado en el Contrato de Concesión No. 009 de 2015. Para hacer frente al impacto social identificado, se adoptó una estrategia de incremento gradual durante tres años, con el fin de mitigar las afectaciones económicas en los sectores agroindustrial y turístico del área de influencia, que incluye municipios de Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Además, se contempla la actualización anual de las tarifas con base en indicadores económicos oficiales, asegurando la transparencia y adecuación a la realidad económica.

Impacto esperado y relevancia

El restablecimiento de la estructura tarifaria contractual busca evitar riesgos financieros al Estado y al concesionario, garantizando la adecuada operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial del proyecto. La medida también responde a las inquietudes sociales expresadas por las comunidades y gremios afectados, quienes han manifestado su inconformidad por incrementos tarifarios anteriores, incluso llegando a realizar bloqueos en el peaje. Gracias a un proceso de mediación social liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con líderes comunitarios y autoridades locales, se logró concertar una tarifa diferencial que ha permitido la operatividad del peaje sin mayores conflictos durante los últimos años. Sin embargo, la normalización tarifaria es necesaria para preservar la viabilidad financiera del proyecto, que beneficia a más de 93 mil habitantes en la región y es fundamental para la movilidad y el desarrollo económico en el corredor vial de 137 kilómetros.

Participación de actores clave

El proyecto de resolución es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad concesionaria Transversal del Sisga S.A.S. Además, se llevó a cabo un proceso de consulta pública para recibir comentarios y observaciones de ciudadanos y grupos de interés, los cuales fueron atendidos en la resolución final. Asimismo, se destaca la coordinación con entidades como el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la participación activa de las comunidades y autoridades municipales del Valle de Tenza, que vieron afectadas su movilidad y actividades económicas por las decisiones tarifarias.

Conclusión

La resolución expedida por el Ministerio de Transporte cumple con los principios constitucionales y legales que regulan la fijación de peajes, tales como la soberanía popular, la intervención estatal, la libre circulación, la equidad fiscal y la seguridad en la movilidad. Establece un mecanismo tarifario gradual y transparente que busca equilibrar la sostenibilidad financiera del Proyecto Transversal del Sisga con el bienestar socioeconómico de las comunidades del área de influencia. Esta medida es fundamental para garantizar la continuidad y calidad del servicio vial, asegurando que los recursos recaudados permitan mantener la infraestructura en óptimas condiciones y contribuir al desarrollo regional, mientras se mitigan los riesgos de conflicto social derivados de aumentos tarifarios abruptos. El Ministerio de Transporte reafirma así su compromiso con la regulación económica del sector y la promoción de un diálogo constructivo entre los diferentes actores involucrados en la prestación del servicio público de transporte, impulsando un desarrollo sostenible y equitativo para las regiones beneficiadas por el Proyecto Transversal del Sisga.