Contexto y emisión de la resolución

La Resolución 000522 de 2025, expedida el 3 de julio por el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, extiende la suspensión de los términos legales en diversos procedimientos administrativos y procesales que se adelantan en la entidad. Esta medida se fundamenta en la necesidad de enfrentar las consecuencias de un ataque cibernético sufrido el 15 de junio de 2025, que dejó indisponibles los sistemas de información, correo institucional, consulta de archivos y página web de la entidad. Esta resolución se publicó en el Diario Oficial No. 53.171 el 4 de julio de 2025 y se inscribe dentro de un conjunto de actos administrativos que buscan preservar el debido proceso y la integridad de las actuaciones mientras se restablece la operatividad tecnológica de la entidad.

Objeto y destinatarios de la resolución

El propósito principal de la resolución es prorrogar la suspensión de los términos legales relacionados con las actuaciones administrativas, actuaciones procesales, liquidación de contratos y el agotamiento de recursos contra actos administrativos emitidos por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. La suspensión inicial se había decretado mediante la Resolución 000452 del 19 de junio y prorrogado con la Resolución 000491 del 25 de junio, extendiéndose ahora hasta el 9 de julio de 2025, inclusive. Los destinatarios son, por un lado, los funcionarios y dependencias internas encargados de gestionar los procedimientos administrativos y procesales en la entidad, y por otro, los ciudadanos y usuarios de la justicia penal militar y policial, quienes deben ser informados sobre las nuevas condiciones para presentar peticiones, quejas y solicitudes. Esta suspensión afecta a todos los actores involucrados en los procesos administrativos y judiciales bajo la jurisdicción de la entidad, dada la imposibilidad de acceso a los sistemas tecnológicos afectados.

Decisiones principales y medidas adoptadas

La resolución establece varias medidas concretas: 1. Prórroga de la suspensión de términos legales: Se extiende hasta el 9 de julio de 2025 la suspensión de los términos para actuaciones administrativas, procesales, liquidación de contratos y agotamiento de recursos en la entidad. 2. Mantenimiento de actividades esenciales: A pesar de la suspensión de términos, se mantiene el funcionamiento básico y las actividades necesarias para garantizar la organización, administración y funcionamiento de la jurisdicción especializada. 3. Habilitación de canales alternativos para atención al público: Se establecen direcciones de correo electrónico específicas para la recepción de peticiones, quejas y solicitudes ([atencion.ciudadano@justiciamilitar.gov.co](mailto:atencion.ciudadano@justiciamilitar.gov.co) y [notificaciones.judiciales@justiciamilitar.gov.co](mailto:notificaciones.judiciales@justiciamilitar.gov.co)), así como la opción de atender dichas solicitudes en la sede física en Bogotá o por vía telefónica. 4. Extensión de la suspensión a todos los procedimientos afectados: Incluye no solo las actuaciones administrativas sino también aquellas que requieren acceso a información, archivos y sistemas tecnológicos comprometidos por el ataque.

Fundamento legal y normativa aplicable

La resolución se basa en varias disposiciones legales y principios constitucionales: - El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que establece los principios que rigen la función administrativa, tales como igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad. - La Ley 489 de 1998, que define los principios y finalidades de la función administrativa. - La Ley 1437 de 2011, que regula las actuaciones y procedimientos administrativos, enfatizando el debido proceso, igualdad, imparcialidad y transparencia. - Las facultades conferidas al Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial en el numeral 12 del artículo 54 de la Ley 1765 de 2015 y el numeral 13 del artículo 7° del Decreto 312 de 2021. Estas bases legales sustentan la potestad de la entidad para suspender términos y adoptar medidas provisionales en situaciones excepcionales como la que motivó esta resolución.

Impacto y relevancia de la resolución

Esta resolución tiene un impacto directo en la administración de justicia penal militar y policial, ya que garantiza que los procesos no se vean afectados por la imposibilidad material de avanzar debido a problemas tecnológicos. La suspensión de términos evita el vencimiento injustificado de plazos legales, que podría generar nulidades o perjuicios procesales. Además, la habilitación de canales alternativos para la atención de la ciudadanía demuestra el compromiso de la entidad con la transparencia y la participación ciudadana, incluso en circunstancias adversas. Para los usuarios de la justicia penal militar y policial, la resolución implica la necesidad de adaptarse a nuevos medios para presentar solicitudes y la comprensión de que los términos procesales están temporalmente suspendidos, lo que protege sus derechos y garantiza la continuidad del debido proceso.

Conclusión

La Resolución 000522 de 2025 de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial representa una respuesta oportuna y necesaria ante un incidente tecnológico grave. La prórroga en la suspensión de términos administrativos y procesales, junto con la implementación de canales alternativos de atención, refleja la voluntad institucional de preservar la integridad y eficacia del servicio público jurisdiccional, sin sacrificar los derechos de los ciudadanos ni el adecuado funcionamiento de la justicia especializada. Este tipo de medidas es un ejemplo de la flexibilidad y adaptación que deben tener las entidades públicas frente a contingencias tecnológicas, manteniendo siempre el respeto por los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa. Para consultar la resolución original, puede acceder al Diario Oficial No. 53.171 del 4 de julio de 2025 o a las plataformas oficiales de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.