La CRA respondió a una consulta formulada por la unidad administrativa encargada del medio ambiente y aseo de un municipio respecto al régimen contractual de los municipios prestadores directos de servicios públicos. El concepto se centra en cuatro aspectos principales: la conveniencia de incluir un capítulo independiente en los manuales de contratación municipales; los conceptos previos emitidos por la CRA sobre el tema; recomendaciones para la delegación de contratación por parte del alcalde municipal; y recomendaciones generales sobre la aplicación del régimen especial de contratación según los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994.

Competencia y regulación aplicable

La Comisión aclaró que su función principal, según el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, es la regulación de monopolios y la promoción de la competencia en servicios públicos, pero no incluye la regulación directa de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos ni la supervisión de sus contratos. Por ello, la estructuración y contenido del manual de contratación es una decisión que corresponde a cada ente territorial en el marco de su autonomía. Asimismo, se recordó que los contratos celebrados por las entidades territoriales con empresas de servicios públicos para la prestación de servicios se rigen por el Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), debiendo realizarse la selección previa mediante licitación pública. Por otra parte, los actos de las empresas de servicios públicos se regulan por normas de derecho privado, salvo disposición expresa en contrario.

Recomendaciones y referencias normativas

Respecto a la delegación de funciones del alcalde municipal al jefe de las oficinas de servicios públicos, se enfatizó que esta debe ajustarse a las capacidades legales del alcalde y a la normativa administrativa vigente. Sin embargo, la CRA no tiene competencia para emitir recomendaciones específicas en este ámbito. La Comisión remite a conceptos previos disponibles públicamente en su gestor normativo en línea, para consulta adicional sobre el régimen contractual. Finalmente, se resaltó que la interpretación de las normas en materia contractual debe garantizar la libre competencia, evitar abusos de posición dominante y favorecer la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, la Resolución CRA 943 de 2021 compila la regulación general sobre el régimen contractual aplicable a los prestadores de servicios públicos y establece procedimientos especiales para contratos con cláusulas de exclusividad y licitaciones públicas. Este concepto jurídico, emitido en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, busca orientar a los municipios prestadores directos en el correcto manejo del régimen especial de contratación, respetando su autonomía y el marco legal vigente, para así fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración de los servicios públicos domiciliarios.