Antecedentes del proceso

Cuatro demandas fueron acumuladas contra el acto de elección de la fiscal general de la Nación, contenido en un acuerdo del 12 de marzo de 2024. En abril de 2025, la Sala Unitaria adoptó decisiones sobre la intervención de terceros, excepciones y trámite del proceso, aceptando la intervención de la Agencia Nacional del Estado (ANDJE) conforme a lo normado. Una de las demandantes solicitó el control de legalidad y el impulso procesal del asunto, además de pedir la admisión de pruebas adicionales, incluyendo el testimonio de la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Posteriormente, se pidió la suspensión provisional del acto de elección con base en una supuesta orden de captura emitida por un organismo judicial extranjero contra la fiscal general, lo que fue cuestionado por la parte demandada.

Decisiones sobre las solicitudes

La Sala concluyó que no existe fundamento legal para acceder a la solicitud de control de legalidad, dado que no se configuró causa de nulidad conforme al Código General del Proceso. Se confirmó que el trámite procesal ha avanzado conforme a derecho, respetando los términos y el debido proceso. Respecto al testimonio solicitado, se ratificó que ya fue negado por ser innecesario para el esclarecimiento de los hechos, y que la insistencia en esta prueba no es procedente. Sobre la suspensión provisional del acto de elección, la Sala aclaró que esta medida debe solicitarse en la demanda o antes de su admisión y dentro del término de caducidad, condiciones que no se cumplieron en este caso, motivo por el cual se rechazó la petición.

Requerimiento de pruebas y conclusiones

Se indicó que la Presidencia de la República no ha cumplido con aportar ciertos documentos ordenados en providencia anterior, por lo que se ordenó requerir formalmente la entrega del expediente administrativo completo en un plazo de tres días. Una vez incorporadas las pruebas, se dará traslado a las partes para que hagan las consideraciones pertinentes. Finalmente, se rechazaron las solicitudes de suspensión provisional y control de legalidad, y se negó la admisión de pruebas adicionales solicitadas de forma extemporánea. El proceso continuará con la incorporación de los documentos requeridos para su adecuado trámite, garantizando el respeto a los derechos procesales de las partes involucradas y la transparencia en la elección de la fiscal general de la Nación.