El Consejo de Estado, a través de su sala de lo contencioso administrativo, sección primera, admitió la demanda presentada por una empresa generadora de energía en contra de la Resolución CREG 101 066 del 18 de noviembre de 2024. Esta resolución, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), define nuevos precios de escasez relacionados con el cargo por confiabilidad y modifica disposiciones previas, incluyendo la Resolución CREG 071 de 2006 y otras normas conexas. La demanda fue interpuesta en uso del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Inicialmente, fue inadmitida por falta de información sobre el lugar y dirección de notificación personal, pero tras la subsanación de esta observación, el despacho la admitió formalmente. Esta demanda afecta directamente a la Nación, representada por el Ministerio de Minas y Energía, y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quienes deberán contestar la demanda, presentar pruebas y ejercer las excepciones que consideren pertinentes en los términos legales.

Procedimiento y notificaciones

El proceso avanza conforme a lo establecido en el CPACA, y se ordenó notificar personalmente a las entidades demandadas y al Ministerio Público. Además, se solicitó la remisión del expediente administrativo que contiene los antecedentes del acto cuestionado.

Relevancia para el sector energético

Este caso es relevante para el sector energético, ya que la resolución impugnada modifica los precios aplicables en situaciones de escasez, lo que puede impactar en las tarifas y en la operación del mercado eléctrico. La decisión final del Consejo de Estado determinará la validez de estas modificaciones normativas y su aplicación práctica. En resumen, la admisión de esta demanda abre un proceso de revisión judicial que podría generar cambios en la regulación de los cargos por confiabilidad en el sector eléctrico nacional, afectando a distintos actores del mercado y la forma en que se gestionan los precios en situaciones de escasez energética. Se espera que las próximas etapas del proceso brinden mayor claridad sobre el alcance y las posibles consecuencias de esta resolución.