El Consejo de Estado, en su sala de lo contencioso administrativo, se pronunció sobre la admisibilidad de una demanda contra el decreto presidencial que convoca una consulta popular nacional. Los demandantes alegaron que el decreto vulnera normas constitucionales y legales, en particular por haber sido expedido sin el concepto favorable previo del Senado de la República, requisito que consideraron indispensable para su legalidad. El tribunal aclaró que la competencia para conocer de esta demanda corresponde a esta sección del Consejo de Estado, dado que el decreto es un acto administrativo de contenido electoral que regula un mecanismo de participación ciudadana. Se destacó que la revisión no corresponde a la Corte Constitucional, pues el trámite legal previsto para la convocatoria no se agotó. No obstante, el Consejo encontró que la demanda no cumple con todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Particularmente, se señaló la falta de precisión en la individualización de las pretensiones y en la fundamentación jurídica respecto a los cargos de ilegalidad atribuidos al decreto. Además, se solicitó que la demanda sea presentada en un solo texto para facilitar su estudio. En consecuencia, se inadmitió la demanda y se concedió un plazo de diez días para que se subsanen las observaciones señaladas. De no cumplirse este requerimiento, la demanda podría ser rechazada. Además, fue rechazada una petición de la autoridad demandada para declarar la incompetencia del Consejo de Estado y remitir el asunto a la Sala Plena. Este pronunciamiento reafirma la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para el control de actos administrativos de contenido electoral relativos a consultas populares y otros mecanismos de participación ciudadana, en ejercicio de la función administrativa electoral. La decisión busca garantizar el cumplimiento de los requisitos procesales para la adecuada tutela judicial de estos procesos. Así, el proceso seguirá su curso una vez se presenten las correcciones solicitadas a los demandantes, quienes deberán sustentar con claridad y fundamento legal los cargos de ilegalidad que motivan el recurso. De esta manera, se asegura un debido proceso que permita resolver de fondo las controversias en torno a la convocatoria de mecanismos de participación ciudadana, fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho.