El 25 de noviembre de 2024, un grupo de servidores públicos presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple acumulada con nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de actos administrativos relacionados con un proceso de selección para proveer empleos en vacancia definitiva en la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Arjona – Bolívar. Los demandantes solicitaron la nulidad de un acuerdo que modificó las reglas del proceso y de varios decretos que terminaron sus nombramientos en provisionalidad, así como el reintegro en sus cargos y el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.

Contexto y pretensiones de la demanda

Los demandantes argumentaron que el proceso de selección en cuestión presentó irregularidades, como la aplicación de pruebas eliminatorias basadas en competencias funcionales no definidas en el manual vigente y la modificación ilegal del número de vacantes ofertadas. Consideraron que los decretos que terminaron sus nombramientos fueron expedidos sin competencia y con desviación de atribuciones. Por ello, solicitaron la nulidad de tales actos y el restablecimiento de sus derechos laborales, con sus respectivos pagos.

Análisis del Consejo de Estado sobre competencia

El Consejo de Estado realizó un detallado análisis sobre la acumulación de pretensiones, la adecuación del trámite y la competencia para conocer el proceso. Señaló que, aunque la demanda fue presentada como una nulidad simple acumulada con nulidad y restablecimiento del derecho, en realidad la pretensión principal es el restablecimiento de derechos laborales individuales, lo que requiere tramitarse bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Respecto a la competencia, la Sala recordó que, conforme a la legislación vigente, los procesos laborales de nulidad y restablecimiento del derecho deben ser conocidos en primera instancia por los juzgados administrativos. La Ley 2080 de 2021 estableció que el Consejo de Estado no tiene competencia específica para conocer este tipo de procesos laborales en única instancia o con garantía de doble conformidad. En consecuencia, el Consejo de Estado declaró su falta de competencia para conocer el presente caso y ordenó remitir el expediente al juzgado administrativo correspondiente para que continúe con su trámite.

Implicaciones para la administración pública y los servidores

Esta decisión reafirma la competencia específica de los juzgados administrativos para conocer procesos laborales de nulidad y restablecimiento del derecho, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia en doble instancia. Además, confirma que las demandas que persiguen el restablecimiento de derechos laborales deben tramitarse bajo las reglas procesales correspondientes, evitando que el Consejo de Estado conozca de asuntos que no le competen en primera instancia. El pronunciamiento es un recordatorio para las entidades públicas y sus funcionarios sobre la importancia de respetar los procedimientos legales en procesos de selección y nombramiento, así como sobre la correcta asignación de competencia judicial en materia laboral administrativa. De esta manera, se busca fortalecer la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos laborales en el ámbito público, promoviendo una administración transparente y ajustada a la legalidad.