El Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección b, emitió una decisión el 27 de junio de 2025, en la que rechazó de plano una solicitud de extensión de jurisprudencia presentada contra un municipio de Cundinamarca. La petición buscaba que se ordenara el reintegro de un funcionario retirado en provisionalidad y el pago de salarios dejados de percibir.

Antecedentes del caso

El funcionario en provisionalidad impugnó la nulidad de dos decretos mediante los cuales fue retirado del cargo de auxiliar administrativo que desempeñaba en provisionalidad. En primera instancia, el juzgado administrativo negó las pretensiones, argumentando que no es obligatorio reubicar a empleados en provisionalidad que tienen una condición especial cuando no hay vacantes disponibles y el cargo debe ser provisto por la persona que ganó un concurso de méritos. Esta decisión fue confirmada posteriormente por el tribunal administrativo, que también negó indemnización prevista en la ley para casos similares.

Mecanismo de extensión de jurisprudencia y requisitos

El Consejo de Estado recordó que la extensión de jurisprudencia es un mecanismo jurídico previsto para garantizar la aplicación uniforme de sentencias de unificación jurisprudencial, respetando principios como la igualdad y la seguridad jurídica. Este proceso debe iniciarse ante la autoridad administrativa competente y agotarse antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Desde la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, el trámite comprende varias etapas, incluyendo la presentación razonada ante la autoridad administrativa, análisis de admisibilidad, traslado a la entidad convocada y defensa jurídica del Estado, alegaciones y decisión de fondo.

Análisis y decisión

En el caso examinado, el solicitante omitió la etapa administrativa previa y presentó la solicitud directamente ante la jurisdicción judicial, lo cual contraviene el procedimiento establecido en el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, la sentencia invocada no corresponde a una sentencia de unificación jurisprudencial sino a una decisión en proceso de tutela sin vocación unificadora. Por estas razones, el Consejo de Estado concluyó que la solicitud no cumple con los requisitos legales para ser admitida y la rechazó de plano conforme a lo previsto en el artículo 269 del CPACA. También se consideró que el solicitante ya había acudido a la jurisdicción contencioso administrativa para obtener el mismo reconocimiento, lo que constituye otra causal de rechazo.

Conclusión

Esta decisión resalta la importancia de agotar el procedimiento administrativo para la extensión de jurisprudencia y aclara que solo son susceptibles de extensión las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado que reconozcan derechos. La resolución garantiza la coherencia en la aplicación del derecho y la correcta utilización de los mecanismos procesales disponibles para los funcionarios públicos y ciudadanos. Finalmente, el expediente fue devuelto al tribunal de origen tras la ejecutoria de esta providencia, poniendo fin al proceso y dejando en firme la decisión adoptada por el Consejo de Estado.