El Consejo de Estado, en su sala de lo contencioso administrativo, sección segunda - subsección b, resolvió negar la solicitud de aclaración y adición respecto de un auto emitido en marzo de 2025, dentro de un proceso que buscaba la nulidad de una sentencia laboral proferida en octubre de 2014 por la Corte Suprema de Justicia.

Antecedentes del proceso

El proceso se originó con una demanda interpuesta contra la Nación – Rama Judicial, específicamente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La demanda pretendía anular una sentencia que aplicó la compartibilidad de pensiones y negó el pago de intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Además, se solicitaba declarar la responsabilidad administrativa, extracontractual y patrimonial de la entidad demandada por presunta falla en el servicio judicial. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda respecto a la nulidad de la sentencia y declaró la falta de competencia para conocer las pretensiones de responsabilidad patrimonial, remitiendo el expediente a otra sección administrativa. Posteriormente, el tribunal administrativo revocó parcialmente esta decisión, admitiendo la solicitud de nulidad, pero mantuvo otras determinaciones. Se presentaron recursos de nulidad y apelación relacionados con la competencia para conocer el proceso, los cuales fueron rechazados por considerarse improcedentes.

Decisión sobre la solicitud de aclaración y adición

La parte actora solicitó aclarar y adicionar el auto de marzo de 2025, argumentando una contradicción que afectaría su derecho al debido proceso. Sin embargo, el Consejo de Estado explicó que, conforme al artículo 285 del Código General del Proceso, la sentencia no es revocable ni reformable por quien la profirió, salvo para aclarar conceptos que generen verdadera duda en la parte resolutiva o que influyan en ella. En este caso, aunque se identificó una imprecisión en la parte motiva del auto, el sentido general de la decisión fue considerado claro y coherente. No se encontraron motivos de duda específicos ni omisiones que justificaran la aclaración solicitada. Además, se confirmó que el recurso de apelación fue correctamente denegado, dado que la nulidad ya se resolvió en segunda instancia. Por lo anterior, la sala negó la solicitud de aclaración y adición y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para lo correspondiente. Esta decisión reafirma los límites procesales en cuanto a la revisión de sentencias administrativas y confirma la improcedencia de recursos cuando la materia ya ha sido resuelta en segunda instancia, garantizando la seguridad jurídica en los procesos contencioso administrativos. Así, el Consejo de Estado mantiene la coherencia en sus fallos y fortalece la confianza en el sistema judicial administrativo.