El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, atendió la manifestación de impedimento de una magistrada del Tribunal Administrativo del Caquetá relacionada con un proceso de reparación de perjuicios causados por la mora en el pago del retroactivo del incremento salarial correspondiente a los años 2014 y 2015 para servidores judiciales.

Antecedentes del caso

La demanda fue presentada en febrero de 2019 por un grupo conformado por 70 servidores judiciales contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Rama Judicial. En etapas previas, varios magistrados del mismo tribunal manifestaron impedimento para conocer el asunto, lo que llevó a que el expediente fuera remitido al Consejo de Estado para decidir sobre dichos impedimentos.

Fundamentos jurídicos y competencia

El Consejo de Estado aplicó la Ley 1437 de 2011, con modificaciones de la Ley 2080 de 2021, y el Código General del Proceso para analizar la causal de impedimento invocada, consistente en el interés directo o indirecto en el proceso por parte del juez, su cónyuge o parientes cercanos. La Sala es competente para decidir, conforme a la normativa vigente, dado que el impedimento afecta a todo el tribunal de origen.

Consideraciones sobre el impedimento

El impedimento se fundamenta en que la magistrada estuvo vinculada con la Rama Judicial durante el periodo objeto de la demanda y, por tanto, podría tener un interés directo en el resultado del proceso. La jurisprudencia señala que para que el impedimento sea procedente, el interés debe ser actual, directo y afectar la capacidad subjetiva del juez para fallar con imparcialidad. En este caso, dado que el proceso versa sobre la responsabilidad estatal por el retraso en el pago a servidores judiciales y la magistrada prestó sus servicios en ese período, se concluyó que existe un interés actual y directo que podría afectar su imparcialidad.

Decisión y consecuencias

El Consejo de Estado declaró fundado el impedimento y ordenó la separación de la magistrada del conocimiento del proceso. Asimismo, como este impedimento afecta a todo el Tribunal Administrativo del Caquetá, se devolvió el expediente para que se realice el sorteo de conjueces que conocerán del caso. Esta decisión refuerza la garantía de imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, asegurando que los procesos sean conocidos por funcionarios sin conflicto de interés, en consonancia con la normativa procesal vigente. De esta manera, se busca mantener la confianza en la administración de justicia y garantizar el debido proceso a las partes involucradas. El Consejo de Estado continuará vigilante para que estos principios se respeten en todos los procesos judiciales.