Antecedentes del caso

Dos ciudadanos presentaron una demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el municipio de Girardot, una empresa de acueducto local, otra empresa de acueducto y alcantarillado, y un condominio campestre. La demanda se fundamentó en la presunta vulneración de derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y un espacio público libre de contaminación. Se solicitó que las entidades demandadas fueran declaradas responsables por acción u omisión, y se ordenara la restitución de los derechos afectados, la realización de estudios ambientales para construir obras de tratamiento de aguas residuales, así como la vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones.

Sentencia inicial y recursos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de marzo de 2024, protegió los derechos colectivos y ordenó a las entidades involucradas adelantar las acciones necesarias para cumplir con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) vigente en Girardot. Además, se ordenó evitar la concesión de nuevas prórrogas para el cumplimiento del plan, y se instó a que el condominio solicitara el permiso ambiental correspondiente para el vertimiento de aguas residuales. Las entidades demandadas interpusieron recursos de alzada contra esta decisión.

Decisión del Consejo de Estado

En sentencia de abril de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado modificó parcialmente la sentencia, precisando los plazos y las obligaciones para la realización de estudios y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se ordenó a la CAR iniciar procedimientos sancionatorios en caso de vertimientos sin permiso y se estableció la suspensión de...