Contexto y antecedentes del caso

En un proceso iniciado en 2016, una sociedad demandó al hospital público por los perjuicios derivados de un reporte erróneo en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). El tribunal de primera instancia negó las pretensiones y, tras la apelación, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó dicha decisión en 2023, imponiendo además la condena en costas a la parte demandante.

Liquidación y aprobación de costas

En 2024, el tribunal administrativo realizó y aprobó la liquidación de costas por un monto superior a 223 millones de pesos, que incluye las agencias en derecho correspondientes a las dos instancias del proceso. Este valor se determinó aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, considerando la cuantía del proceso y la naturaleza de las gestiones realizadas.

Recurso de apelación y análisis jurídico

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la liquidación, cuestionando la falta de comprobantes que soportaran los gastos incluidos y argumentando que la entidad demandada no debería beneficiarse debido a su error en el reporte a las centrales de riesgo. Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que la improcedencia de la condena en costas debe discutirse en la oportunidad procesal adecuada y no en el recurso contra la liquidación. Además, destacó que para la tasación de las agencias en derecho no es necesario presentar comprobantes específicos, sino aplicar las tarifas vigentes y criterios legales.

Decisión final y alcance

El Consejo de Estado confirmó la aprobación de la liquidación de costas, ratificando la aplicación correcta de las tarifas y el procedimiento legal. Se recordó que las costas comprenden tanto los gastos procesales como la compensación por las agencias en derecho, y que la parte vencida debe asumir estos costos. La providencia concluye con la devolución del expediente al tribunal de origen para su ejecución. Esta decisión reafirma la importancia de respetar los procesos y criterios establecidos para la condena en costas en la jurisdicción contencioso administrativa, garantizando así la transparencia y justicia en el manejo de los recursos judiciales. Con ello, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve el cumplimiento de las responsabilidades en los procesos judiciales, asegurando que las partes actúen con diligencia y respeto a la ley.