Antecedentes del caso

Una acción de tutela fue interpuesta contra la Dirección Seccional de Cundinamarca y Amazonas de Administración Judicial de la Rama Judicial, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición. La accionante solicitó una certificación que acreditara la terminación de su vínculo laboral tras la aceptación de su renuncia a un cargo en carrera judicial. Al no recibir respuesta, presentó la tutela. Inicialmente, el Juzgado Administrativo correspondiente remitió el expediente para reparto a los juzgados civiles del circuito ordinario, invocando el Decreto 333 de 2021 para argumentar su falta de competencia. Posteriormente, el juzgado civil asignado se abstuvo de conocer el caso y planteó un conflicto negativo de competencia, señalando que solo las normas del Decreto 2591 de 1991 podrían fundamentar la falta de competencia.

Decisión de la Corte Constitucional

La Sala Plena, en ejercicio de su competencia residual, determinó que el mencionado decreto establece reglas de reparto, pero no reglas de competencia. Por lo tanto, los juzgados no pueden invocar dichas reglas para declarar su falta de competencia en materia de tutela. En caso de aparente conflicto, el asunto debe ser remitido a la autoridad inicialmente asignada para su decisión inmediata. En este caso, se configuró un conflicto aparente de competencia entre el juzgado administrativo y el juzgado civil. La Corte dejó sin efectos la declaración de falta de competencia emitida por el juzgado administrativo y remitió el expediente a este mismo juzgado para que tramite y decida con prontitud. Además, se advirtió expresamente que el juzgado administrativo debe abstenerse de fundamentar futuras negativas de competencia en reglas de reparto, y en cambio debe seguir la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional.

Impacto de la decisión

Esta resolución reafirma que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 no pueden utilizarse para negar competencia en acciones de tutela, garantizando así una mayor celeridad y seguridad jurídica en la protección de derechos fundamentales. El fallo es relevante para jueces y funcionarios judiciales, quienes deben tramitar las acciones de tutela conforme a las normas de competencia vigentes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, evitando dilaciones por conflictos aparentes. La decisión rige desde su publicación y se comunicó a las partes involucradas y a los juzgados competentes para su cumplimiento. Con esta providencia, la Corte Constitucional fortalece la eficacia del mecanismo de tutela al evitar dilaciones procesales causadas por interpretaciones equivocadas de las reglas de reparto en materia de competencia judicial, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la protección oportuna de los derechos fundamentales.