La Sala Plena de la Corte Constitucional atendió un conflicto de competencia en materia de tutela entre dos juzgados de jurisdicción municipal, uno penal en Villavicencio y otro civil en Bogotá. El caso se originó a partir de una acción de tutela presentada contra una entidad empresarial, tras la falta de respuesta a una solicitud de certificado laboral y de cotizaciones a pensión. El juzgado penal de Villavicencio declaró inicialmente su falta de competencia, argumentando que la presunta vulneración ocurrió en Bogotá, ciudad de domicilio del accionante. Por su parte, el juzgado civil de Bogotá rechazó la tutela y planteó un conflicto negativo de competencia, señalando que la vulneración podría haberse producido tanto en Villavicencio, lugar de domicilio de la entidad accionada y donde se radicó la tutela, como en Bogotá, lugar de domicilio del solicitante.

Consideraciones de la Corte Constitucional

En sus consideraciones, la Corte recordó que, en materia de tutela, la competencia territorial corresponde al juez del lugar donde ocurrió la vulneración o donde se producen sus efectos. Además, sostuvo que cuando existen dudas entre autoridades competentes, debe respetarse la elección realizada por el demandante, conforme al criterio "a prevención" previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. En este caso concreto, la Corte determinó que ambos juzgados tenían competencia territorial: Villavicencio, por ser el lugar donde se generó la presunta vulneración al no responder la solicitud, y Bogotá, por ser el lugar donde se esperaban los efectos de dicha respuesta. Sin embargo, aplicando el criterio de prevalencia de la elección del demandante, se remitió el expediente al juzgado penal municipal de Villavicencio para que tramite y decida la acción de tutela.

Resolución y efectos

Finalmente, la Corte dejó sin efectos la decisión inicial del juzgado de Villavicencio que declaró su falta de competencia y advirtió al juzgado civil de Bogotá sobre la necesidad de resolver futuros conflictos de competencia según lo establecido en la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia constitucional vigente. Esta resolución reafirma la importancia de respetar la elección del actor en procesos de tutela y clarifica los criterios para dirimir conflictos de competencia en este ámbito, garantizando la efectiva protección de los derechos fundamentales. Así, se fortalece el acceso a la justicia y se promueve una adecuada administración judicial en casos que involucran la defensa de derechos fundamentales.