Contexto y antecedentes

El Decreto Legislativo 0175 de 2025 fue expedido en desarrollo del estado de conmoción interior declarado para la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. Este decreto busca adoptar medidas tributarias específicas para financiar los gastos necesarios para enfrentar dicha situación excepcional. De acuerdo con la Constitución Política, la Corte Constitucional tiene la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos emitidos en el marco de estados de excepción, como es el caso. Para cumplir con este control, la Sala Plena inició el trámite respectivo, incluyendo la práctica de pruebas y la solicitud de conceptos a la Procuraduría General de la Nación.

Fundamentos de la suspensión por prejudicialidad

La Corte Constitucional ya se había pronunciado parcialmente sobre la declaratoria del estado de conmoción interior mediante la Sentencia C-148 de 2025, donde declaró exequibles solo algunas de las medidas propuestas, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria y la protección de derechos fundamentales. El Decreto Legislativo 0175 establece una relación directa con el Decreto Legislativo 274 de 2025, que adiciona el presupuesto general de la nación para atender los gastos derivados del estado de conmoción interior. Por ello, para evaluar la constitucionalidad del primero, es indispensable resolver previamente la constitucionalidad del segundo, configurándose así un fenómeno de prejudicialidad. Esta institución procesal implica la suspensión del trámite hasta que se resuelva la cuestión prejudicial, conforme a lo previsto en el Código General del Proceso. La prejudicialidad no es incompatible con el control abstracto de constitucionalidad, aunque no se apliquen figuras procesales tradicionales como excepciones o demandas de reconvención.

Implicaciones y próximos pasos

Durante la suspensión, que se mantendrá hasta un día hábil después de la publicación del comunicado de prensa sobre la decisión del Decreto 274 de 2025, no se contabilizarán los términos procesales del expediente referido al Decreto 0175 de 2025. Esta medida busca garantizar un análisis integral y coherente entre los decretos legislativos relacionados con el estado de conmoción interior, especialmente en lo que respecta a la destinación y uso de los recursos tributarios para atender la emergencia. En conclusión, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la rigurosidad y el debido proceso en el control de constitucionalidad, asegurando que las medidas adoptadas en contextos excepcionales se ajusten a la Constitución Política y protejan los derechos fundamentales de la población afectada. Así, se garantiza un manejo responsable y transparente de los recursos públicos en situaciones de emergencia, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.