La controversia se originó a partir de una demanda ejecutiva presentada por el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR), entidad pública departamental con personería jurídica y autonomía administrativa, contra dos usuarios que solicitaron un crédito educativo. La demanda busca el pago de una obligación respaldada por un pagaré suscrito entre las partes. El juzgado civil municipal inicialmente declaró su falta de jurisdicción y remitió el expediente a la jurisdicción administrativa, pues consideró que se trataba de un contrato estatal con recursos públicos, y que el IDEAR no es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. Por su parte, el juzgado administrativo también declaró su falta de competencia y planteó un conflicto de jurisdicciones, remitiendo el caso a la Corte Constitucional.

Competencia y criterios aplicados

La Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia para dirimir conflictos entre jurisdicciones, analizó los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la existencia del conflicto. Recordó la jurisprudencia vigente que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los procesos derivados de contratos estatales, excepto cuando la entidad pública involucrada tenga el carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera y el asunto corresponda al giro ordinario de sus negocios. En este caso, se determinó que el IDEAR, aunque realiza actividades financieras y está regulado por normas sectoriales, no está bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera, ya que no se estableció tal supervisión en sus actos administrativos de creación ni figura en el listado oficial de entidades vigiladas. Por lo tanto, no se cumple el criterio orgánico para excluir la competencia administrativa. Además, la controversia se derivó de un contrato de crédito educativo que forma parte del objeto institucional del IDEAR y de su giro ordinario de negocios, satisfaciendo así el criterio material.

Decisión y alcance

En consecuencia, la Corte Constitucional declaró competente al juzgado administrativo de Arauca para conocer de la demanda ejecutiva promovida por el IDEAR contra las personas naturales. Ordenó remitir el expediente a dicha autoridad para que continúe el trámite correspondiente y para que comunique esta decisión al juzgado civil municipal y a las partes interesadas. Esta decisión reafirma la línea jurisprudencial que delimita la competencia jurisdiccional en procesos ejecutivos derivados de contratos estatales, especialmente cuando la entidad pública no está sujeta a vigilancia financiera, garantizando así la correcta administración de justicia conforme a la normativa vigente. La providencia fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional el 5 de junio de 2025, concluyendo un proceso que sienta un precedente importante en la delimitación de competencias entre las jurisdicciones civil y administrativa en Colombia. Con esta resolución, se espera que futuros conflictos similares puedan resolverse de manera más ágil y clara, contribuyendo a la seguridad jurídica y al respeto de las competencias establecidas por la ley.