La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para rendir concepto en la acción pública de inconstitucionalidad contra algunos apartes de la Ley General de Turismo. Esta acción fue instaurada por un ciudadano que cuestionó la constitucionalidad de ciertos artículos de la ley, alegando una violación al principio de autonomía territorial. El Procurador General manifestó impedimento argumentando que, en su calidad de Secretario General del Senado de la República durante la tramitación de la ley modificatoria, intervino en actos como la inclusión en el orden del día, la publicación de ponencias e informes, y la suscripción del texto final de la norma.

Análisis de la Corte Constitucional

Sin embargo, la Corte examinó detalladamente estas actuaciones y concluyó que corresponden a funciones propias del cargo, relacionadas con el trámite formal legislativo, y no constituyen una participación activa ni determinante en el contenido de la norma. Para configurar la causal de impedimento por intervención en la expedición de la norma, se requiere demostrar una relación directa y relevante entre la participación del funcionario y el asunto que será resuelto. En este caso, el impedimento no prosperó porque la demanda se centra en el fondo constitucional y no en vicios del procedimiento legislativo.

Implicaciones de la decisión

Asimismo, la Corte recordó que el régimen de impedimentos para el Procurador General debe aplicarse con criterios menos rigurosos que para los magistrados, debido a que la función de conceptuar no es decisoria sino consultiva. En consecuencia, se ordenó levantar la suspensión de términos y se dispuso que el Procurador General...