La Corte Constitucional llevó a cabo el control automático e integral de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0131 de 2025, dictado en el contexto del estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y municipios del departamento del Cesar. Este decreto buscaba suspender ciertas normas legales para agilizar la gestión y ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos de la Asignación para la Inversión Regional del 40%, la Asignación para la Paz y la Asignación Ambiental del Sistema General de Regalías (SGR).

Medidas y alcance del decreto

El decreto establecía la presentación directa de proyectos de inversión a los órganos colegiados de administración y decisión, suspendiendo convocatorias públicas y flexibilizando términos para facilitar la ejecución de recursos en zonas afectadas por la crisis. Estas medidas pretendían atender la crisis humanitaria y la afectación del orden público derivadas del conflicto armado y sus consecuencias.

Ausencia de firmas ministeriales competentes

La Corte advirtió que, aunque el decreto fue expedido y publicado el 5 de febrero de 2025, no contaba con la firma de los ministros titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, ni de Comercio, Industria y Turismo, quienes eran los competentes para suscribirlo en esa fecha. En su lugar, el decreto fue firmado por funcionarios que ejercían como encargados o viceministros, pero que no tenían la competencia legal para firmar el acto normativo. De acuerdo con la regulación administrativa vigente, las situaciones como comisión de servicios o permiso remunerado implican vacancia temporal del empleo, lo que exige la designación formal de un ministro encargado para ejercer las funciones y firmar los actos oficiales. La omisión de este requisito formal esencial vulnera la responsabilidad política y legal que recae en el Gobierno Nacional y afecta la validez del decreto.

Análisis de constitucionalidad y efectos

El tribunal recordó que los decretos legislativos adoptados en estados de excepción deben cumplir estrictamente con requisitos formales y materiales, incluyendo la firma del presidente y todos los ministros en ejercicio de sus cargos, para garantizar la responsabilidad política y el control democrático. Si bien el decreto cumplía con otros requisitos como motivación y temporalidad, la falta de firmas ministeriales competentes constituye un vicio formal insubsanable que conduce a la inexequibilidad de la norma en su integridad. No obstante, la Corte moduló los efectos de la decisión, estableciendo que los proyectos de inversión financiados y en ejecución con cargo a las asignaciones del SGR bajo la vigencia del decreto no se verán afectados por la declaración de inexequibilidad, protegiendo así los derechos de terceros de buena fe.

Conclusión

La Sala Plena declaró inexequible el Decreto Legislativo 0131 de 2025 por incumplimiento del requisito constitucional de suscripción por parte de todos los ministros titulares en ejercicio. Esta decisión destaca la importancia de respetar las formalidades constitucionales en la adopción de medidas excepcionales que afectan la administración pública y el manejo de recursos públicos en situaciones de emergencia. Esta providencia reafirma el papel del control judicial en mantener el equilibrio entre las facultades excepcionales del Ejecutivo y la garantía de responsabilidad política y legal, elementos fundamentales para la legitimidad del Estado de Derecho en Colombia. Así, se asegura que las decisiones gubernamentales en contextos excepcionales se ajusten a los principios constitucionales, garantizando transparencia y legitimidad en la gestión pública.