La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional analizó un caso en el que un procesado, condenado en primera instancia por delitos relacionados con hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria. El abogado defensor informó que sustentaría el recurso por escrito, pero la sustentación fue enviada a una dirección de correo electrónico errónea debido a un error tipográfico. El juzgado de conocimiento declaró desierto el recurso y negó el recurso de reposición interpuesto, argumentando falta de diligencia del abogado para verificar la recepción del correo. El procesado promovió acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, doble instancia y acceso a la administración de justicia. En primera y segunda instancia, la acción fue declarada improcedente por no encontrar un defecto procedimental absoluto. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que se cumplían los requisitos generales y específicos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

Defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica

En particular, la Corte concluyó que existió un defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica, dado que: (i) el error del abogado no formaba parte de una estrategia defensiva; (ii) fue determinante para la decisión judicial que declaró desierto el recurso; (iii) el procesado no podía ser responsabilizado por la equivocación del defensor; y (iv) se vulneraron derechos fundamentales esenciales para el debido proceso. La Corte valoró la captura de pantalla aportada como prueba del envío del correo electrónico, reconociendo su autenticidad y veracidad en el contexto del caso, y resaltó la obligación del abogado de actuar con diligencia, incluyendo la verificación de la entrega de la sustentación del recurso. Se destacó además que el procesado, privado de la libertad y sin acceso a medios electrónicos, dependía completamente de la defensa técnica para hacer valer sus derechos procesales.

Medidas ordenadas y consecuencias

En consecuencia, la Corte revocó la sentencia de tutela de segunda instancia y decretó la nulidad del auto que negó el recurso de reposición. Ordenó que el juzgado correspondiente conceda el recurso de apelación y realice el trámite respectivo. También dispuso informar a las autoridades penitenciarias para que permitan al procesado continuar con actividades de trabajo o estudio asignadas, y compulsó copias para investigar si el abogado defensor incurrió en falta disciplinaria. Este pronunciamiento reafirma la importancia del derecho a la defensa técnica como garantía fundamental en el proceso penal y la obligación de los profesionales del derecho de actuar con la debida diligencia para proteger los derechos de sus representados, especialmente cuando estos se encuentran en situación de vulnerabilidad como la privación de la libertad. Con esta decisión, la Corte Constitucional busca garantizar un proceso justo y el respeto pleno de los derechos fundamentales en el ámbito penal.