La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la adición solicitada a la sentencia CSJ STL1985-2025, emitida el 12 de febrero de 2025, en la que se resolvió sobre la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La petición de adición fue presentada por la Caja de Compensación Familiar de Nariño, quien argumentó que la sentencia omitió pronunciarse sobre una causal de vía de hecho judicial relacionada con el desconocimiento del precedente constitucional obligatorio fijado en la sentencia CC T-053-2022. El recurso se fundamentó en que dicho precedente establece reglas claras sobre la inembargabilidad, limitando excepciones únicamente a casos de pago de obligaciones laborales, y que esta cuestión debía ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia original. Sin embargo, el tribunal explicó que, aunque no se mencionó explícitamente el precedente, sí se realizó un análisis integral de los argumentos planteados en la tutela, resolviendo todos los puntos, incluida la inembargabilidad en cuestión. Según el Código General del Proceso, la adición de sentencia solo procede cuando se omite resolver algún extremo de la litis o punto que legalmente deba ser objeto de pronunciamiento, y no para reabrir discusiones ya resueltas. En este caso, la Sala constató que la sentencia impugnada abordó adecuadamente la protección de los recursos públicos, reconociendo que si bien la inembargabilidad es un principio fundamental, existen situaciones excepcionales donde los recursos pueden ser embargados para garantizar el cumplimiento de obligaciones, especialmente cuando se trata de pagos debidos a prestadores de servicios de salud. Además, la decisión recordó que el juez de tutela no debe insistir en aspectos que han sido correctamente evaluados por el juez natural, encargado de resolver el proceso ejecutivo. En consecuencia, la Corte Suprema concluyó que no existió insuficiencia en la sentencia y negó la solicitud de adición. Esta resolución reafirma la importancia de respetar los precedentes constitucionales y la correcta aplicación de los principios procesales para garantizar seguridad jurídica en temas relacionados con la protección de recursos públicos del sistema de salud. La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que notificará a las partes conforme a la normatividad vigente, asegurando así el cumplimiento efectivo de la sentencia y la estabilidad en la administración de los recursos del sistema general de seguridad social en salud.