La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala de Casación Laboral, atendió un incidente de desacato interpuesto contra la Superintendencia Nacional de Salud, en relación con el cumplimiento de una sentencia de tutela que ordenaba responder una solicitud sobre la calificación de pérdida de capacidad laboral de un trabajador.

Antecedentes del caso

El accionante presentó una tutela solicitando se protegieran derechos fundamentales como el debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y salud, en particular sobre la calificación de pérdida de capacidad laboral relacionada con accidentes de trabajo. La solicitud original fue radicada el 27 de mayo de 2024 y dirigida al Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud, juntas regional y nacional de calificación de invalidez, así como a la IPS y a la aseguradora involucradas. La Corte, en sentencia previa, tuteló el derecho fundamental de petición y ordenó a las entidades mencionadas responder en un plazo de tres días. Sin embargo, tras la presentación del incidente de desacato por presunto incumplimiento, se evidenció que la Superintendencia no había dado respuesta adecuada.

Trámite del incidente de desacato

Al iniciar el trámite, la Corte solicitó informes a las entidades involucradas. Varias respondieron, pero la Superintendencia Nacional de Salud no lo hizo inicialmente, lo que motivó la apertura formal del incidente en su contra. Posteriormente, la entidad presentó respuestas y soportes, aunque se detectó que la contestación no guardaba relación con la petición original. Tras reiteradas solicitudes, la Superintendencia informó que su competencia no incluye la calificación directa de pérdida de capacidad laboral, señalando que esta corresponde en primera instancia a las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez, y explicó los procedimientos para controvertir dictámenes médicos relacionados.

Consideraciones y decisión de la Corte

El incidente de desacato es un mecanismo legal para verificar el cumplimiento efectivo de órdenes judiciales que protegen derechos fundamentales. La Corte verificó que la Superintendencia finalmente atendió la petición conforme a sus competencias y remitió la solicitud a la entidad correspondiente. En consecuencia, la Sala Laboral concluyó que no existió incumplimiento negligente o doloso por parte del Superintendente Nacional de Salud y, por tanto, negó la imposición de sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. La Corte declaró el cumplimiento de la orden de tutela y ordenó la terminación y archivo del trámite. Este fallo reafirma la importancia del respeto a las decisiones judiciales y delimita claramente las competencias administrativas en materia de calificación de pérdida de capacidad laboral, garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores afectados por accidentes laborales.