Antecedentes del caso

En 2010, una empresa de transporte de gas adjudicó un contrato de obra a un consorcio. Posteriormente, se dio por terminado unilateralmente el contrato sin facturas pendientes. En 2011, la sociedad representada legalmente por el condenado interpuso una demanda ejecutiva reclamando el pago de una factura por servicios prestados, documento que no constaba en los estados financieros de las sociedades involucradas. Al advertirse la falsedad del título, se desistió de la demanda ejecutiva contra el consorcio, pero se continuó el reclamo contra la empresa de transporte, que no contestó la demanda. El juzgado civil libró mandamiento de pago, que fue impedido por la empresa tras advertir la irregularidad.

Proceso judicial y apelaciones

La Fiscalía formuló imputación por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada en grado de tentativa. Tras varias diligencias y audiencias, el juzgado penal condenó al representante legal a una pena de 99 meses de prisión, multa y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. La Sala Penal del Tribunal Superior modificó la sanción privativa de libertad a 110 meses y concedió prisión domiciliaria bajo caución. Contra esta decisión se interpuso recurso extraordinario de casación.

Argumentos de la defensa y réplica de la Fiscalía

La defensa alegó nulidades por la declaración de desistimiento tácito de pruebas de descargo en el juicio oral, falta de motivación suficiente para acreditar el dolo, y errónea tipificación del delito de estafa agravada. También argumentó violación del principio de non reformatio in peius por agravación de la pena en segunda instancia. Por su parte,...