Antecedentes del caso

La tutela fue instaurada contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por un grupo de actores que solicitaron la protección de sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y doble instancia. Los accionantes cuestionaron la providencia emitida el 4 de junio de 2025, mediante la cual se declaró desierto un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia desfavorable en un proceso especial de pertenencia. Los accionantes alegaron que presentaron la apelación dentro del término legal y ante la autoridad competente, conforme al artículo 322 del Código General del Proceso, pero que el Tribunal Superior no estudió el fondo del recurso, vulnerando así sus garantías procesales. Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior defendió la legalidad de su decisión, argumentando que la providencia fue producto de una correcta interpretación jurídica y que las decisiones de instancia estaban debidamente fundamentadas.

Consideraciones jurídicas

La Corte Suprema señaló que la tutela no podía prosperar debido a un comportamiento desidioso de los accionantes. Se destacó que los actores no impugnaron el auto que declaró desierto el recurso de apelación mediante el recurso de reposición, previsto en el artículo 318 del Código General del Proceso, medio procedente para controvertir autos emitidos por jueces o magistrados en determinadas circunstancias. Esta omisión procesal implica que los actores quedaron vinculados a las consecuencias de la decisión impugnada, y la justicia constitucional no puede intervenir para remediar oportunidades procesales precluidas o términos vencidos. Por ello, no fue posible examinar el fondo del asunto planteado en la tutela.

Decisión final

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela interpuesta contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El fallo fue adoptado en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución. Se ordenó informar la decisión por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este caso reafirma la importancia de agotar los mecanismos procesales previstos para la defensa de las decisiones judiciales y limita la intervención de la tutela cuando no se cumplen los requisitos de procedibilidad, garantizando así la seguridad jurídica y el respeto a las normas procesales establecidas.