Adopción de la Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas en la Jurisdicción Especial para la Paz
Proviene de: Acuerdos
14 de julio de 2025 19:54:58
El Acuerdo y su Contexto Normativo
El Acuerdo AOG 022 de 2025, expedido el 9 de julio y publicado en el Diario Oficial No. 53.177 el 10 de julio de 2025, es un instrumento de naturaleza municipal/distrital suscrito por el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este acuerdo actualiza y reemplaza la política previa adoptada en 2019, fortaleciendo las estrategias institucionales para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alineándose con recientes disposiciones legales, como la Resolución 1843 de 2025, del Ministerio del Trabajo, que regula las evaluaciones médicas ocupacionales y las pruebas de detección de sustancias.
El fundamento legal del acuerdo se encuentra en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1957 de 2019 que regula la JEP, la Ley 1566 de 2012 sobre la atención integral a personas con consumo problemático de sustancias, y la normativa sobre salud ocupacional y seguridad industrial, entre otras. Así mismo, se apoya en la necesidad de garantizar los derechos a la salud y a ambientes de trabajo seguros, estableciendo un marco de acción claro para la prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas dentro de la institución.
Objeto y Finalidad del Acuerdo
El principal objeto del Acuerdo AOG 022 de 2025 es adoptar la Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas en la JEP. Esta política tiene como finalidad proteger la salud de todas las personas que intervienen en la jurisdicción —servidores públicos, contratistas, pasantes, judicantes y visitantes— y generar ambientes de trabajo saludables y seguros. Busca fomentar una cultura de prevención mediante campañas de sensibilización, promoción de estilos de vida saludables y la implementación de medidas que reduzcan el riesgo asociado al consumo de estas sustancias.
El acuerdo establece que la implementación de la política se realizará a través del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando así una integración orgánica con las demás políticas de la entidad.
Ámbito de Aplicación y Principales Disposiciones
El ámbito de aplicación comprende todas las instalaciones de la JEP, incluyendo la sede principal en Bogotá, la oficina alterna de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y los grupos territoriales. La política es de obligatorio cumplimiento para todas las personas que intervienen en la entidad, con especial énfasis en quienes desempeñan cargos de conductores o aquellos responsables de la integridad física de terceros.
Las disposiciones clave incluyen:
- Prohibición estricta de presentarse a las funciones bajo el efecto de alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas, así como la prohibición de su consumo o comercialización en los espacios de trabajo y en eventos organizados por la JEP.
- Implementación de pruebas de detección de alcohol (alcoholemia y alcoholimetría) y sustancias psicoactivas, especialmente para personal con responsabilidades críticas, conforme al profesiograma del SG-SST.
- Adecuación de zonas específicas para fumadores, conforme a la normatividad vigente y disponibilidad presupuestal.
- Desarrollo de campañas de sensibilización y capacitación para promover hábitos saludables y prevenir el consumo.
- Orientación y remisión a programas de tratamiento para quienes presenten problemas relacionados con el consumo, a través del equipo psicosocial de la entidad.
- Tratamiento confidencial de los resultados de las pruebas, en cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.
Impacto Potencial y Relevancia para la Comunidad
La adopción de esta política representa un avance significativo en la gestión del talento humano y la salud ocupacional dentro de la JEP. Su aplicación contribuye a minimizar riesgos laborales derivados del consumo de sustancias psicoactivas, lo que puede traducirse en una mayor seguridad para los servidores públicos y terceros, así como en un mejor desempeño institucional.
Además, al promover estilos de vida saludables y establecer mecanismos preventivos, la política favorece no solo el bienestar individual de quienes integran la jurisdicción, sino también la calidad del ambiente laboral y la confianza de la comunidad en las instituciones que administran justicia en el marco del posconflicto.
El enfoque integral y articulado con el SG-SST garantiza un seguimiento efectivo, permitiendo la evaluación continua de resultados y la implementación de mejoras necesarias. El compromiso institucional también se refleja en la asignación presupuestal que no genera costos adicionales al tesoro público, lo que facilita la sostenibilidad de la política.
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
El acuerdo establece que el seguimiento a la política será realizado mediante el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los responsables directos incluyen al Secretario Ejecutivo, la Subdirección de Talento Humano y el encargado del SG-SST, quienes deberán coordinar las acciones de control, evaluación y ajuste de la política.
Dicha supervisión permite asegurar la eficacia de las campañas preventivas, la correcta aplicación de las pruebas de detección y la atención oportuna a casos de consumo problemático, consolidando un ambiente institucional que prioriza la salud y la seguridad.
Conclusión
El Acuerdo AOG 022 de 2025 configura un marco normativo claro y actualizado para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Su adopción reafirma el compromiso institucional con la salud pública, la seguridad laboral y el cumplimiento de la normativa vigente, generando un impacto positivo en la comunidad local y en el funcionamiento eficiente de la JEP.
Este instrumento normativo no solo responde a exigencias legales, sino que también promueve una cultura organizacional basada en la prevención, la responsabilidad y el bienestar colectivo, aspectos esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la paz en Colombia.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
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