Antecedentes y proceso judicial

La controversia se originó cuando la corporación ambiental regional revocó la licencia ambiental otorgada para un proyecto hidroeléctrico en el municipio de Támesis, Antioquia. Los demandantes promovieron acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la corporación, solicitando la nulidad de la revocatoria, el restablecimiento del derecho mediante indemnización por perjuicios y la nulidad de la negativa a revocar dicha revocatoria. En primera instancia, el tribunal administrativo declaró la nulidad de la revocatoria y condenó a la corporación a pagar una suma millonaria por lucro cesante, basado en un dictamen pericial económico. Esta decisión fue parcialmente confirmada por la Sala Primera del Consejo de Estado en 2025, que revocó la condena a indemnización por considerar insuficiente la prueba para acreditar el daño alegado.

Solicitud de adición de sentencia y argumentos

Los demandantes solicitaron la adición de la sentencia para que se profiriera una condena en abstracto por lucro cesante, estableciendo las bases para la liquidación del daño, argumentando que existió un perjuicio cierto debido a la privación de la ejecución del proyecto por más de catorce años. Citaban normas procesales que permiten la adición de providencias cuando quedan asuntos por resolver y jurisprudencia que respalda la condena en abstracto cuando no es posible determinar con certeza el daño en el momento de la sentencia.

Intervenciones y análisis de la Sala

La corporación ambiental y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervinieron para oponerse a la solicitud, argumentando que la petición pretendía reabrir un debate probatorio ya resuelto y que no se cumplían los requisitos legales para la adición, señalando además un supuesto incumplimiento del principio de contradicción que fue desvirtuado por la Sala. La Sala recordó que la solicitud de adición procede únicamente cuando la sentencia omite pronunciarse sobre algún extremo de la litis o punto legal que debe resolverse, no para modificar decisiones ya tomadas. Además, precisó que el proceso se tramitó bajo el régimen jurídico anterior a la Ley 1437 de 2011, por lo que se aplican las normas del Código Contencioso Administrativo, que regulan la condena en abstracto.

Fundamentos para negar la solicitud

El Consejo de Estado señaló que en la sentencia de 2025 se analizó detalladamente la prueba sobre el lucro cesante aportada por los demandantes, concluyendo que carecía de eficacia probatoria para acreditar un daño cierto, dada la etapa preoperativa del proyecto y la falta de elementos que evidenciaran un beneficio real perdido. Por tanto, no existió omisión en la sentencia respecto del restablecimiento del derecho ni vacío legal que justificara la adición solicitada. La petición equivaldría a un intento de modificar la decisión sobre un punto ya decidido y reabrir debate jurídico, lo cual no está permitido por la ley. Finalmente, la Sala constató que no hubo incumplimiento en la notificación a las partes procesales, desestimando el alegato de vicio procedimental.

Decisión

En consecuencia, el Consejo de Estado negó la solicitud de adición a la sentencia de abril de 2025 y ordenó devolver el proceso al tribunal de origen para su cumplimiento. Este fallo reafirma la necesidad de acreditar con pruebas eficaces el daño cierto para la procedencia de indemnizaciones por lucro cesante y delimita el alcance de las adiciones de providencias, manteniendo la estabilidad de las decisiones judiciales en materia administrativa.