Contexto y antecedentes del caso

La Sala 8 Especial de Decisión del Consejo de Estado conoció un recurso de reposición interpuesto contra un auto que ordenaba rehacer la liquidación de costas determinada en un proceso judicial. La parte recurrente cuestionaba la forma en que se calculó el valor de las costas, señalando que el monto debía considerar el salario mínimo legal vigente del año 2023, cuando se profirió la sentencia, y no del 2024, como se aplicó finalmente. Además, argumentaba que la condena debía distribuirse entre las entidades demandadas, en lugar de asignar un salario mínimo completo a cada una.

Decisión sobre la liquidación de costas

El Consejo de Estado confirmó que la liquidación de costas se ajustó a la sentencia definitiva, que condenó a la parte recurrente al pago de un monto equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, a favor de dos entidades públicas que participaron en el proceso. Se aclaró que esta condena fue impuesta en única instancia y no es susceptible de recursos, por lo que no se admiten cuestionamientos sobre su imposición en esta etapa liquidatoria. Asimismo, se ratificó que la fijación de las agencias en derecho debe respetar los límites establecidos por el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que prevé un rango entre uno y veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este orden, no es procedente reducir el monto por debajo del mínimo, como pretendía la recurrente.

Aplicación del salario mínimo vigente

Respecto a la fecha para aplicar el valor del salario mínimo legal, el Consejo recordó que la ejecutoria de la sentencia, que determina su exigibilidad, ocurrió en 2024, tras la resolución de solicitudes de aclaración y complementación. Por tanto, corresponde tomar como referencia el salario mínimo de 2024 para calcular las agencias en derecho.

Conclusión y efectos de la decisión

En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió no reponer el auto de junio de 2024 que aprobó la liquidación de costas. Además, se concedió el recurso de súplica para remitir el expediente al consejero encargado para continuar con el trámite correspondiente. Esta decisión clarifica aspectos importantes sobre la liquidación de costas en recursos extraordinarios de revisión, enfatizando la aplicación de criterios objetivos y el respeto a los límites normativos vigentes, con impacto directo en las partes involucradas en procesos contencioso administrativos. De esta manera, se fortalece la seguridad jurídica y se garantiza que las condenas en costas se ajusten a la normativa aplicable, evitando interpretaciones arbitrarias o desproporcionadas en la etapa de liquidación.