El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, decidió revocar un auto proferido el 10 de noviembre de 2023 que había rechazado una demanda presentada contra el literal d) del artículo 3 y la primera parte del parágrafo del artículo 5 de la Resolución 718 de 2018. Esta resolución reglamenta los criterios técnicos para la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito.

Antecedentes y contexto

La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La demanda buscaba la anulación de disposiciones específicas de la mencionada resolución expedida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Inicialmente, la demanda fue inadmitida por no aportar la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto acusado, requisito previsto en el numeral 1 del artículo 166 del CPACA. Al no subsanar esta omisión en el término legal, el despacho sustanciador rechazó la demanda.

Consideraciones jurídicas

El Consejo de Estado señaló que la exigencia de aportar la constancia de publicación tiene como objetivo determinar el inicio del término de caducidad para el ejercicio del medio de control. Sin embargo, en este caso, al tratarse de un medio de control de nulidad que puede presentarse en cualquier momento conforme al literal a) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, dicho requisito puede ser atenuado. Además, el acto administrativo impugnado puede ser consultado directamente por el juez en el Diario Oficial, lo que permite verificar su publicación sin necesidad de la constancia aportada por la parte demandante. Por estas razones, el Consejo concluyó que el rechazo inicial de la demanda no se ajustaba a derecho, ya que la falta de la constancia no impedía la continuación del proceso, y que era necesario garantizar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Decisión y consecuencias

El Consejo de Estado revocó el auto que rechazó la demanda y ordenó que se continúe con el trámite y estudio de admisibilidad de la misma. Asimismo, se dispuso la devolución del expediente al despacho de origen para continuar con el procedimiento correspondiente. Esta decisión reafirma la importancia de asegurar el acceso a la justicia administrativa y la correcta valoración de requisitos formales en función de la naturaleza del medio de control instaurado. En conclusión, el proceso en torno a la Resolución 718 de 2018 seguirá su curso, permitiendo un análisis más profundo sobre la reglamentación de los medios técnicos para la detección de infracciones de tránsito y su impacto en los ciudadanos y la administración pública. De esta forma, se garantiza que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y que la administración pública actúe conforme a los principios de legalidad y transparencia.