El caso analiza un proceso de reparación directa promovido contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por perjuicios ocasionados tras un ataque armado presuntamente perpetrado por militares. El demandante y su grupo familiar solicitaron el reconocimiento de indemnizaciones por daños morales, a la salud y lucro cesante. El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa emitió sentencia de primera instancia admitiendo parcialmente las pretensiones y condenando en abstracto a la Nación. Posteriormente, el Tribunal Administrativo confirmó íntegramente esta decisión en segunda instancia. Contra esta última sentencia se interpuso un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. No obstante, el Tribunal no aplicó correctamente el procedimiento para determinar la cuantía del recurso, basándose en las pretensiones de la demanda en lugar de la condena fijada en abstracto. Además, desestimó la solicitud de nombramiento de un perito para valorar el interés económico conforme al artículo 263 del CPACA. Ante esta situación, el Consejo de Estado resolvió dejar sin efectos el auto que concedió el recurso extraordinario y ordenó al Tribunal Administrativo que aplique el procedimiento legal para establecer la cuantía del proceso mediante perito, y una vez cumplido dicho trámite, decida nuevamente sobre la admisión del recurso. Esta medida busca garantizar el cumplimiento riguroso de los requisitos legales para la admisión de recursos extraordinarios, asegurando el derecho de acceso a la administración de justicia y el control de legalidad en las etapas procesales. El caso ilustra la importancia de una adecuada valoración de la cuantía en procesos contencioso administrativos, especialmente cuando las sentencias contienen condenas en abstracto que requieren liquidación posterior...