En un reciente fallo, la Sala cuarta del Consejo de Estado ratificó la denegación de la solicitud de coadyuvancia presentada por una fundación que brindó asesoría técnica en gestión tributaria al municipio de Neiva. La fundación buscaba intervenir en el proceso judicial iniciado por Ecopetrol S.A., que impugnaba dos resoluciones municipales que modificaron la declaración del ICA correspondiente al año 2018.

Contexto del caso

Ecopetrol S.A. presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 2022LOR0003 y 0420 emitidas por el municipio de Neiva. Posteriormente, la fundación solicitó ser admitida como coadyuvante argumentando su interés legítimo debido a su contrato de prestación de servicios profesionales con el municipio, mediante el cual brindó apoyo en la gestión tributaria y en la elaboración de los actos administrativos cuestionados. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Huila negó esta solicitud, señalando que no existía una relación sustancial entre la fundación y el municipio que justificara su intervención, dado que una eventual decisión adversa únicamente afectaría al ente territorial y no a la fundación.

Fundamentos jurídicos de la decisión

El Consejo de Estado revisó el recurso de apelación presentado por la fundación y se basó en los artículos 224 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 71 del Código General del Proceso (CGP). Estas normas permiten la intervención de terceros con interés directo o relación sustancial con alguna de las partes, siempre que puedan verse afectados por el resultado del proceso. En este caso, la Sala concluyó que, aunque existía un contrato de asesoría entre el municipio y la fundación, no se configuró un interés directo ni una relación sustancial que justificara la coadyuvancia. La decisión cuestionada afecta exclusivamente al municipio y, por ende, la intervención de la fundación no procedía.

Impacto y alcance

Esta resolución clarifica los requisitos para que terceros puedan intervenir en procesos administrativos como coadyuvantes. En particular, destaca que la mera existencia de un contrato de prestación de servicios no garantiza la admisión como coadyuvante, sino que debe demostrarse un interés legítimo y directo vinculado a los actos impugnados. El fallo confirma que, en caso de prosperar la demanda, la única entidad obligada a responder será el municipio de Neiva, sin efectos jurídicos sobre la fundación. La decisión del Consejo de Estado fue adoptada en sesión pública y constituye un precedente relevante para la interpretación de la coadyuvancia en procesos administrativos relacionados con entidades territoriales, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la correcta delimitación de las partes en estos procedimientos.