Antecedentes del caso

En diciembre de 2023, se interpuso una acción popular contra el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Secretaría de Educación del Municipio de Ibagué, con el fin de proteger derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y la prestación eficiente de servicios públicos. La demanda alegaba que en una institución educativa de la ciudad los niños y adolescentes no tenían acceso continuo al Programa de Alimentación Escolar (PAE), afectando su derecho a la alimentación y contribuyendo a la desnutrición infantil. En octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda y declaró la falta de legitimación en la causa por parte del ICBF, señalando que la implementación del PAE se había realizado conforme a la normativa vigente. Sin embargo, el tribunal exhortó al Ministerio de Educación y a la entidad encargada del programa de alimentación escolar para que revisaran y adoptaran medidas que garantizaran una mayor cobertura y eficiencia en la prestación del servicio.

Recursos de apelación y admisión

Posteriormente, se presentaron recursos de apelación por parte del demandante y del Ministerio de Educación Nacional, impugnando aspectos de la sentencia, en particular el exhorto emitido. La entidad encargada del programa de alimentación escolar también interpuso recurso, que fue declarado extemporáneo por haber sido radicado fuera del horario legal permitido. El Consejo de Estado, en su competencia para conocer de acciones populares que involucren derechos colectivos como la moralidad administrativa, revisó los recursos presentados. Se destacó que los recursos de apelación deben presentarse...