Contexto y tribunal que resolvió la acción

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, fue el encargado de resolver en segunda instancia la acción de tutela presentada contra la Fiscalía General de la Nación, una Fiscalía Seccional especializada en la Unidad de Vida, el Juzgado Penal del Circuito, Migración Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional. La acción buscaba el levantamiento de una restricción para salir del país, alegando vulneración del derecho fundamental a la libertad.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante acudió a la tutela tras ser informado por Migración Colombia, el 7 de mayo de 2025, sobre la existencia de un impedimento para salir del territorio nacional, originado en un proceso penal radicado varias décadas atrás. Según explicó, esta restricción le imposibilitaba realizar un viaje internacional hacia Estados Unidos. Las autoridades vinculadas respondieron durante el trámite procesal. La Coordinación de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Fiscalía informó que, tras una consulta interna, no se halló requerimiento vigente por parte de la Fiscalía General y que no se disponía de competencia para cancelar la anotación migratoria, dado que no contaban con el expediente ni documentación que justificase la medida. Por su parte, Migración Colombia argumentó falta de legitimación, al ser únicamente usuaria de la base de datos administrada por la Policía Nacional, entidad encargada de modificar o cancelar dichos registros. El proceso penal que dio origen a la restricción migratoria se adelantó bajo el Decreto 2700 de 1991 y un juzgado penal que actualmente se encuentra extinguido, lo que ha dificultado el acceso a la documentación y actualización de los registros. En dicho proceso, se profirió en su momento una sentencia condenatoria que fue revocada años después por el Tribunal Superior, absolviendo al acusado y ordenando su libertad. Sin embargo, no se dispuso expresamente la cancelación de la medida migratoria restrictiva.

Consideraciones jurídicas de la decisión

El Tribunal analizó la procedencia de la acción de tutela para ordenar el levantamiento del impedimento migratorio. Destacó que el proceso penal que originó la medida concluyó hace años y que el expediente se encuentra en archivo central, ante quien corresponde gestionar cualquier trámite relacionado con la cancelación de medidas restrictivas derivadas de procesos antiguos. Se resaltó que no existe una actuación u omisión actual de las autoridades que justifique la tutela, dado que la restricción migratoria responde a una medida legalmente impuesta en un proceso penal concluido y que no ha sido objeto de solicitud formal para su cancelación ante la autoridad competente. En este sentido, el Tribunal recordó el criterio reiterado de la Corte Constitucional sobre la naturaleza subsidiaria y excepcional del mecanismo de tutela para proteger derechos fundamentales únicamente cuando exista una amenaza o vulneración vigente atribuible a una autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que no se acreditó la existencia de una vulneración actual del derecho fundamental a la libertad por parte de las autoridades accionadas, razón por la cual negó el amparo solicitado.

Conclusión y pasos posteriores

La decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá niega la acción de tutela interpuesta para levantar el impedimento migratorio. El Tribunal ordenó remitir oportunamente la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, garantizando así el control judicial sobre la protección de derechos fundamentales. Esta providencia subraya la importancia de acudir a los canales administrativos y judiciales correspondientes para la cancelación de medidas restrictivas derivadas de procesos penales concluidos, así como el carácter subsidiario y excepcional del mecanismo de tutela en materia de derechos fundamentales. La resolución fue adoptada en sesión de la Sala de Decisión Penal, con magistrados actuando en nombre de la justicia y por autoridad de la ley, y será notificada a las partes para su cumplimiento, poniendo fin a este trámite judicial en segunda instancia.