Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala de Decisión Penal, profirió el 4 de junio de 2025 un auto mediante el cual resolvió la acción de tutela instaurada contra la Fiscalía 51 Seccional de Bogotá. La acción estaba orientada a obtener la entrega de copia de la necropsia o inspección técnica a cadáver de una persona fallecida, cuya solicitud inicial no había sido atendida por la entidad estatutaria. Este mecanismo de protección constitucional fue interpuesto por los familiares directos del fallecido, quienes argumentaron la vulneración de sus derechos fundamentales al no recibir respuesta oportuna a su petición. El tribunal, en primera instancia, analizó la procedencia de la tutela y la actuación de la Fiscalía en relación con la petición formulada.

Antecedentes fácticos y procesales

Los accionantes presentaron la solicitud de copia de la necropsia el 25 de abril de 2025 ante la Fiscalía 51 Seccional de Bogotá, entidad encargada de la investigación dentro de la Unidad de Vida. La solicitud permaneció sin respuesta durante un periodo, motivo por el cual se interpuso la acción de tutela. El despacho judicial asignado admitió la tutela el 23 de mayo de 2025 y ordenó el traslado del trámite a la Fiscalía demandada. Paralelamente, se vinculó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación como autoridades administrativas responsables de la supervisión y atención de la petición. Durante la tramitación del proceso, la Fiscalía 51 Seccional informó haber remitido la copia solicitada mediante correo electrónico el 30 de mayo de 2025. Además, comunicó que la investigación se encontraba en etapa de “averiguación de responsables” y detalló las actuaciones adelantadas hasta ese momento, indicando también las condiciones para el reconocimiento de la calidad de víctima.

Consideraciones jurídicas del tribunal

En primer lugar, el tribunal estableció su competencia para conocer y decidir la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, dado que la acción fue interpuesta contra una autoridad judicial subordinada a esta instancia superior. Respecto al mecanismo de tutela, el tribunal recordó que este constituye una vía expedita para la protección inmediata de derechos fundamentales ante acciones u omisiones que los vulneren o amenacen, siempre y cuando no exista otro medio judicial idóneo de defensa. El problema jurídico planteado consistió en determinar si la presunta omisión de la Fiscalía 51 Seccional de Bogotá para responder la solicitud de copia de necropsia configuraba una vulneración actual a derechos fundamentales y si la tutela seguía siendo necesaria. Tras analizar la información presentada, el tribunal constató que la Fiscalía respondió la solicitud durante el trámite del proceso constitucional, remitiendo el informe de necropsia y brindando información completa sobre el estado de la investigación. Por lo tanto, se concluyó que la situación que motivó la interposición de la tutela ya había sido superada, lo que implicaba la carencia actual de objeto para continuar con el amparo solicitado.

Conclusión del fallo y efectos procesales

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en ejercicio de sus funciones, declaró en su decisión la carencia actual de objeto del amparo solicitado. En consecuencia, se declaró terminado el trámite de la acción de tutela por haberse cumplido la pretensión principal de los accionantes. Asimismo, se estableció que, de no presentarse impugnación en el término de tres días a partir de la notificación, las diligencias serían remitidas a la Corte Constitucional para su revisión eventual. De esta manera, la providencia refleja la aplicación del mecanismo constitucional de tutela como una herramienta que garantiza la protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales, y su adecuada utilización para evitar la tramitación innecesaria cuando la situación controvertida ha sido resuelta. Este pronunciamiento también evidencia la importancia del cumplimiento de las obligaciones de las entidades estatales frente a las solicitudes de información relacionadas con procesos judiciales, en especial cuando se trata de derechos vinculados a la dignidad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Finalmente, el fallo constituye un precedente relevante para futuras solicitudes similares, reafirmando el compromiso institucional de garantizar el derecho a la información y el acceso a la justicia dentro del marco legal vigente.