Contexto y naturaleza de la decisión
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, profirió un auto mediante el cual declaró improcedente una acción de tutela presentada por un privado de la libertad contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y la Cárcel La Modelo. La acción pretendía proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data, argumentando la omisión de respuesta frente a una solicitud de libertad condicional.
Antecedentes fácticos y procesales
El accionante solicitó el 9 de abril de 2025 al Juzgado Primero de Ejecución de Penas que oficie a la Cárcel La Modelo para que remitiera la cartilla biográfica actualizada, los certificados de cómputos y un concepto favorable sobre su conducta, elementos necesarios para acceder al beneficio del subrogado de la libertad condicional. Sin embargo, al momento de interponer la acción de tutela, no había recibido respuesta, lo que motivó la presentación del recurso constitucional para exigir la protección de sus derechos fundamentales.
Durante el trámite, el juzgado informó que había solicitado la información requerida a la administración penitenciaria y que el 29 de mayo de 2025 recibió los documentos solicitados para evaluar la posibilidad de conceder la libertad condicional. Posteriormente, mediante auto fechado el 5 de junio de 2025, decidió conceder el beneficio solicitado, notificando al interno a través del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Consideraciones del Tribunal
El Tribunal recordó que la acción de tutela tiene por finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. En este sentido, señaló que cuando al momento de dictar la decisión el motivo de la tutela ha desaparecido, la acción carece de objeto, configurándose un hecho superado. La jurisprudencia constitucional ha reiterado esta postura en múltiples sentencias, destacando que el juez de tutela debe abstenerse de pronunciarse cuando la situación que dio origen a la demanda ha sido solucionada.
En el caso concreto, el Tribunal reconoció que inicialmente existió una vulneración a los derechos fundamentales del accionante debido a la falta de respuesta a su solicitud de libertad condicional. Sin embargo, la autoridad judicial y administrativa atendieron la petición y concedieron el beneficio reclamado. Dicha respuesta fue notificada oportunamente, eliminando así la amenaza o afectación a los derechos invocados.
Por lo tanto, el Tribunal concluyó que el hecho que motivó la acción de tutela había sido superado y, en consecuencia, declaró improcedente la acción constitucional. Asimismo, excluyó de responsabilidad a las demás autoridades vinculadas al proceso.
Decisión y efectos
En ejercicio de la función judicial y en nombre de la República, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió:
- Declarar improcedente la acción de tutela por hecho superado en relación con la solicitud de libertad condicional.
- Excluir de responsabilidad a las autoridades vinculadas al proceso.
- Ordenar la remisión del fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en caso de no ser impugnado.
Este pronunciamiento reafirma la importancia del trámite oportuno y la respuesta efectiva de las autoridades judiciales frente a peticiones que afectan derechos fundamentales, así como la figura procesal de hecho superado como mecanismo para evitar pronunciamientos judiciales innecesarios cuando la situación conflictiva ha sido resuelta.
La decisión pone de manifiesto el equilibrio entre la protección constitucional inmediata y la correcta administración de justicia en materia penitenciaria, destacando que la tutela no debe convertirse en un medio para obtener respuestas cuando la autoridad ya ha cumplido con su deber.
