Providencia judicial en tutela por demora en investigación penal

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante un auto proferido en segunda instancia, resolvió una acción de tutela promovida contra la Fiscalía Seccional adscrita a la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, por la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, representado por apoderado judicial, interpuso la acción de tutela en contra de la fiscal encargada de la investigación penal por el delito de fraude procesal, que se encuentra en curso desde junio de 2014. Durante este tiempo, se impuso una medida cautelar de limitación al dominio sobre un inmueble propiedad del accionante, el cual permanece bajo custodia judicial. A pesar de que la indagación ha durado más de ocho años, no se ha adoptado una decisión de fondo ni se ha solicitado audiencia de imputación o preclusión. El investigado solicitó en repetidas ocasiones a la Fiscalía que concluya la investigación, pero recibió respuestas indicando la existencia de una alta carga de trabajo, la proximidad a la jubilación de la funcionaria y la falta de un informe de policía judicial, sin que se avanzara en la etapa decisoria.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Tribunal recordó que la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, es procedente para proteger derechos fundamentales frente a acciones u omisiones de autoridades públicas cuando no existan otros medios judiciales idóneos o cuando se utilice para evitar un perjuicio irremediable. Los derechos invocados fueron el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 constitucionales, respectivamente. Respecto a la fase de indagación penal, la Sala señaló que, aunque la ley no establece un término máximo para esta etapa, el parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, fija plazos de 2, 3 o 5 años para que la Fiscalía formule imputación o archive la investigación, dependiendo del caso. Además, el Tribunal hizo referencia al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que establece que si la autoridad no rinde el informe solicitado en plazo, los hechos alegados por el accionante se tendrán como ciertos. En este caso, la Fiscalía no rindió el informe requerido y la investigación lleva más de ocho años sin avances decisorios. Según la información oficial, el plan metodológico de la investigación fue elaborado en junio de 2014, lo que confirma la prolongación excesiva de la etapa de indagación.

Decisión y órdenes impartidas

Con base en lo anterior, la Sala Penal concluyó que se están vulnerando los derechos constitucionales fundamentales del investigado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, concedió la tutela y ordenó a la Fiscalía Seccional que, en un término máximo de 20 días hábiles, agote la actividad probatoria pendiente y, en los siguientes 5 días hábiles, adopte la decisión que corresponda, ya sea archivar la investigación, solicitar audiencia de imputación o preclusión, y que informe al accionante sobre esta determinación. Asimismo, se ordenó que, vencido dicho plazo, la Fiscalía informe al magistrado sustanciador sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la providencia. Finalmente, se dispuso que, en caso de no ser impugnada la decisión, el expediente sea remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Importancia de la providencia

Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá enfatiza la importancia del respeto a los plazos legales en la fase investigativa penal para garantizar los derechos fundamentales de los investigados y la efectividad del acceso a la administración de justicia. Además, reafirma el papel de la acción de tutela como mecanismo constitucional para proteger derechos cuando otros recursos judiciales no resultan efectivos o adecuados. La providencia también pone de relieve la responsabilidad de las autoridades fiscales en la diligente y oportuna tramitación de los procesos penales, evitando dilaciones que puedan afectar gravemente los derechos de las partes involucradas. Este pronunciamiento judicial representa una guía importante para la actuación de las fiscalías y un respaldo para los ciudadanos que ven afectada la garantía de un debido proceso en el sistema de justicia colombiano, promoviendo así una justicia más eficaz y respetuosa de los derechos constitucionales.