Providencia judicial que reconoce vulneración del derecho de petición

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala de Decisión Penal, dictó un auto el 18 de junio de 2025, en el marco de la acción de tutela presentada contra la Fiscalía 253 Seccional de la Unidad de Seguridad Pública, por la presunta vulneración del derecho de petición. La acción fue promovida luego de que el solicitante no recibiera respuesta a una petición presentada el 25 de abril de 2025, mediante la cual solicitó medidas de protección y la ampliación de una denuncia dentro de un proceso penal en que figura como víctima.

Antecedentes procesales y fácticos

El accionante presentó una solicitud a la Fiscalía para que se adoptaran medidas de protección y se ampliara una denuncia relacionada con un proceso penal. Sin embargo, la autoridad judicial no respondió oportunamente dicha petición. En consecuencia, el solicitante interpuso acción de tutela en primera instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá. Durante el trámite procesal, mediante auto del 5 de junio de 2025, el Tribunal avocó conocimiento del asunto y notificó a la Fiscalía 253 Seccional de la Unidad de Seguridad Pública. En respuesta, la Fiscalía informó que el 10 de junio de 2025 impartió órdenes a la Policía Judicial para citar al accionante y escucharlo en declaración con el fin de esclarecer los hechos denunciados. Además, el 11 de junio de 2025 ofició al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá solicitando medidas de protección para el solicitante. No obstante, la Fiscalía no comunicó al accionante las acciones adelantadas en relación con su solicitud, lo que generó la controversia sobre la vulneración de derechos fundamentales.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El Tribunal analizó la solicitud en el marco del derecho al debido proceso, especialmente en lo relativo al derecho de postulación, que implica el derecho de la víctima a ser informada y a participar activamente en el proceso judicial que le atañe. A pesar de que la Fiscalía había ordenado medidas para esclarecer los hechos y solicitó protección policial, no se demostró que el accionante hubiera sido informado de tales actuaciones. Esta omisión fue considerada por el Tribunal como una vulneración clara del derecho al debido proceso, dado que impide al solicitante conocer y ejercer adecuadamente sus derechos dentro del procedimiento. Con base en este análisis, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá concedió parcialmente la tutela, ordenando a la Fiscalía 253 Seccional que, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la providencia, informe al solicitante sobre el trámite realizado respecto a las medidas de protección solicitadas. Finalmente, el Tribunal dispuso enviar la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, asegurando ulterior control sobre la decisión adoptada.

Implicaciones y relevancia del fallo

Esta providencia reafirma la importancia de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, en particular la obligación de las autoridades judiciales y administrativas de informar oportunamente a las víctimas sobre las actuaciones que se adelantan en su favor. El fallo subraya que la ausencia de comunicación efectiva puede constituir una vulneración de derechos, incluso cuando se hayan adoptado medidas en el proceso. Además, el auto destaca la función de la acción de tutela como mecanismo expedito para proteger derechos fundamentales frente a omisiones o actuaciones deficientes de las autoridades públicas, en especial en el ámbito penal y de seguridad pública. Con esta decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contribuye a fortalecer el respeto por los derechos de las víctimas dentro del sistema judicial, promoviendo una actuación estatal diligente y transparente. En resumen, el Tribunal Superior de Bogotá concedió tutela para garantizar que la Fiscalía comunique al solicitante las medidas de protección solicitadas, resguardando así el derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia. La providencia pone de manifiesto la importancia de la comunicación institucional en el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en procesos penales donde están en juego la seguridad y la integridad de las víctimas.