Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió un auto de tutela en primera instancia que protege el derecho fundamental al debido proceso de una persona privada de la libertad. Esta decisión judicial se da en el marco de una tutela interpuesta contra el Juzgado 33 de Penas de Bogotá y el Centro de Servicios de Penas de la misma ciudad, por presuntas irregularidades en la gestión de la solicitud de liberación definitiva del solicitante.

Antecedentes fácticos y procesales

El solicitante se encuentra cumpliendo una pena impuesta por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, y desde el 3 de abril de 2025 presentó una solicitud formal para acceder a la liberación definitiva. Sin embargo, no ha recibido respuesta de fondo, lo que ha afectado su derecho a obtener un empleo formal y cumplir con sus responsabilidades familiares. El Juzgado 33 de Penas de Bogotá, encargado de vigilar la ejecución de la pena, aclaró que para resolver sobre la liberación definitiva requirió a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) la certificación de antecedentes judiciales del solicitante. El Centro de Servicios de Penas de Bogotá fue el intermediario para tramitar esta solicitud ante la DIJIN. La DIJIN informó que sí remitió el certificado de antecedentes al correo electrónico habilitado para tal fin por el Centro de Servicios de Penas el 25 de abril de 2025. Sin embargo, el juzgado denunció que no ha recibido oficialmente esta información, lo que ha impedido tomar una decisión de fondo. Por su parte, el Centro de Servicios de Penas no respondió a la tutela ni confirmó el envío del certificado al juzgado demandado.

Consideraciones de la providencia

El Tribunal Superior constató que la DIJIN cumplió con su obligación al enviar oportunamente el certificado de antecedentes al correo electrónico asignado por el Centro de Servicios de Penas. No obstante, el Centro de Servicios no cumplió con remitir esta información al Juzgado 33 de Penas, generando una dilación injustificada que afecta el derecho al debido proceso del solicitante. La Sala señaló que el Centro de Servicios de Penas es el responsable de canalizar este tipo de requerimientos y que su inacción vulnera el derecho fundamental al debido proceso. En contraste, descartó que el Juzgado 33 de Penas y la DIJIN hayan incurrido en vulneración alguna, pues ambos actuaron dentro de sus competencias y plazos. En consecuencia, el Tribunal concedió la tutela para proteger el derecho fundamental al debido proceso frente al Centro de Servicios de Penas de Bogotá. Ordenó que en un plazo máximo de 24 horas se remita al Juzgado 33 de Penas el certificado de antecedentes enviado por la DIJIN el 23 de abril de 2025, a fin de que dicho juzgado pueda pronunciarse de fondo sobre la solicitud de liberación definitiva. Se negó el amparo respecto a la DIJIN y el Juzgado 33 de Penas, y se informó que esta decisión puede ser impugnada y, en caso de no serlo, será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Importancia de la decisión

Esta providencia resalta la importancia de garantizar la celeridad y diligencia en los procesos administrativos y judiciales relacionados con la ejecución de penas. El respeto al debido proceso implica que todas las entidades involucradas deben actuar coordinadamente para evitar demoras que afecten derechos fundamentales. Además, la decisión enfatiza la responsabilidad de los órganos administrativos en la correcta gestión de documentos y comunicaciones oficiales, especialmente cuando de ello depende la libertad y la reintegración social de una persona. En suma, el Tribunal Superior de Bogotá reafirma el papel del control judicial como mecanismo protector de los derechos constitucionales en la administración de justicia penal y la ejecución de penas, garantizando que no se vulneren los derechos fundamentales de quienes están privados de la libertad durante los trámites que pueden dar lugar a su liberación definitiva.