Contexto y antecedentes del caso
En un proceso ejecutivo singular promovido por una entidad dedicada a la depuración de aguas contra un consorcio demandado, el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá profirió un auto el 17 de marzo de 2025, que negó la petición de ordenar el pago de una caución a favor de la parte demandada. Este auto fue objeto de recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada, recurso que fue rechazado en primera instancia.
Previamente, el juzgado había rechazado la demanda y ordenado el levantamiento de medidas cautelares, sin que se interpusieran recursos contra dicha decisión. También admitió la sustitución del apoderado de la parte demandada y negó la petición de pago de caución, aunque ordenó expedir copia de la póliza de seguro para que la parte demandada pudiera reclamar directamente ante la aseguradora.
Frente a la negativa de apelación, el apoderado interpuso un recurso de queja para que el tribunal superior revisara la decisión, dando paso a la providencia objeto de análisis.
Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión
El Tribunal Superior recordó que el recurso de queja está previsto en el artículo 352 del Código General del Proceso (C.G.P.) para corregir posibles errores cuando un juez de primera instancia niega la admisión de un recurso de apelación. Sin embargo, el éxito de este recurso está sujeto a los requisitos específicos del artículo 353 del mismo estatuto.
En este caso, el tribunal confirmó que dichos requisitos se cumplieron, y procedió a analizar la naturaleza del auto impugnado y la procedencia de la apelación. Destacó que el artículo 321, ordinal 8°, del C.G.P., establece taxativamente que la apelación procede cuando se fija el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla, pero no contempla la procedencia de apelación contra un auto que simplemente niega ordenar el pago de la caución.
El tribunal enfatizó el principio de taxatividad que rige los recursos en materia procesal, lo que impide interpretaciones extensivas o analógicas para ampliar la procedencia de la apelación más allá de lo expresamente previsto en la ley.
Adicionalmente, se recordó el inciso final del artículo 599 del Rituario Procesal, que establece que cuando la caución es expedida por compañía de seguros, el asegurado o beneficiario puede reclamar directamente ante la aseguradora conforme a las normas del Código de Comercio. Esto implica que la vía procesal para ordenar el pago de caución no es la única ni necesariamente la más adecuada en estos casos.
Por estas razones, el tribunal concluyó que la negativa de apelación fue correcta y que no procedía la alzada contra el auto que negó ordenar el pago de la caución a favor de la parte demandada.
Decisión y efectos procesales
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, resolvió:
- Declarar bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 17 de marzo de 2025, proferido por el Juzgado 19 Civil del Circuito.
- No imponer condena en costas a ninguna de las partes.
- Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen para continuar con el trámite correspondiente.
Esta providencia reafirma la interpretación restrictiva y literal de las normas procesales en lo referente a la procedencia de recursos contra decisiones relacionadas con cauciones, particularmente cuando se trate de cauciones expedidas por compañías de seguros.
Implicaciones para el proceso civil
La resolución pone en evidencia la importancia de respetar los límites legales para interponer recursos en materia procesal civil, especialmente en procedimientos ejecutivos y en lo que atañe a medidas cautelares como las cauciones. En particular, destaca que la negativa para ordenar el pago de una caución no es susceptible de apelación salvo que se fije o modifique el monto de la misma, conforme a lo previsto en el Código General del Proceso.
Asimismo, el fallo resalta la existencia de mecanismos alternativos para el beneficiario de una caución expedida por aseguradora, quien puede reclamar directamente ante esta conforme a la legislación comercial vigente, lo cual puede evitar dilaciones procesales.
En suma, esta providencia judicial refuerza la estricta aplicación del ordenamiento procesal en la tramitación de recursos y la claridad respecto a los medios de defensa disponibles para las partes en materia de cauciones dentro del proceso civil, contribuyendo así a la seguridad jurídica y a la eficiencia procesal.
