Competencia y naturaleza de la providencia

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, conoció la impugnación presentada contra la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Bogotá que declaró improcedente una acción de tutela. La providencia en cuestión es un auto de segunda instancia que confirma la decisión de primera instancia, dictada el 23 de abril de 2025, en el marco de un proceso constitucional para la protección inmediata de derechos fundamentales.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de la desvinculación laboral de una servidora pública que desempeñaba el cargo de técnico operativo en provisionalidad en el área jurídica del INPEC desde septiembre de 2023. Su nombramiento provisional culminó tras la designación en propiedad de un funcionario que superó un concurso público convocado en 2019. La servidora no participó en dicho concurso debido a que, en ese momento, no contaba con título profesional. A principios de 2024, la servidora informó a la entidad su condición de madre cabeza de familia, alegando que tenía a su exclusivo cargo el cuidado y manutención de un hijo menor de edad. En consecuencia, solicitó un trato especial basado en la estabilidad laboral reforzada reconocida constitucionalmente a personas en esta situación. Sin embargo, en febrero de 2025 fue desvinculada, lo que, según su argumento, afectó su mínimo vital y vulneró derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho al trabajo, la igualdad y el debido proceso. En su acción de tutela, pidió que se ordenara su reinstalación en un cargo equivalente o superior en vacante definitiva que no estuviera sometida a lista de elegibles, o subsidiariamente, que se priorizara su caso para ocupar una vacante.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal Superior analizó la procedencia de la acción de tutela para controvertir la desvinculación de una servidora pública en provisionalidad, concluyendo que esta vía no es idónea ni subsidiaria para resolver controversias relacionadas con actos administrativos de este tipo. En este sentido, recordó que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la competencia exclusiva de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de litigios derivados de la relación laboral entre servidores públicos y el Estado, incluyendo la impugnación de actos de desvinculación. Asimismo, destacó que este mecanismo ordinario permite solicitar medidas cautelares para proteger los derechos mientras se resuelve el proceso, lo que no fue utilizado por la servidora antes de interponer la tutela, incumpliendo así el requisito de subsidiariedad. En cuanto a la estabilidad laboral reforzada reclamada por la actora, el Tribunal recordó la jurisprudencia constitucional que protege a los servidores públicos en situaciones de especial vulnerabilidad, como madres cabeza de familia, personas con discapacidad o pre pensionados. No obstante, puntualizó que esta protección no es absoluta para quienes ocupan cargos en provisionalidad, debido a que estos puestos deben ser provistos por concurso público. Por consiguiente, la desvinculación en favor del ganador de un concurso legítimo no puede considerarse arbitraria. En relación con la condición de madre cabeza de familia, el Tribunal revisó los elementos de prueba aportados y concluyó que no resultan suficientes para acreditar esta situación conforme a los parámetros jurisprudenciales. En particular, señaló que la responsabilidad parental es compartida entre ambos progenitores y que no se demostró que el padre estuviera impedido física, mental o económicamente para cumplir con sus obligaciones. De hecho, se constató que el progenitor está afiliado y cotizante activo en el sistema de seguridad social en salud, lo que supone capacidad para asumir la manutención del menor. También se valoró que, aunque la servidora aportó una declaración extrajudicial y afirmó haber informado a la entidad sobre su condición, no presentó documentación probatoria idónea que permitiera otorgarle el reconocimiento formal de madre cabeza de familia y, por ende, la estabilidad laboral reforzada asociada. Finalmente, el Tribunal insistió en que, aun en caso de reconocerse dicha condición, el derecho a la estabilidad laboral reforzada para servidores en provisionalidad cede ante el derecho preferente de quienes ganan concursos públicos para proveer los cargos.

Conclusión de la decisión

Por estos motivos, el Tribunal Superior confirmó el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela. La decisión reafirma la importancia del respeto a los mecanismos ordinarios de defensa judicial para resolver controversias laborales administrativas y delimita la aplicación de la estabilidad laboral reforzada en el contexto de nombramientos provisionales. La providencia advierte que contra este auto no proceden recursos y ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. De este modo, se garantiza el debido proceso y la protección equilibrada de los derechos fundamentales en el ámbito laboral público. Así, el caso sienta un precedente claro sobre los límites de la tutela en controversias laborales administrativas y la necesidad de acreditar debidamente condiciones especiales para acceder a la estabilidad laboral reforzada.