Contexto y tribunal competente
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió la impugnación de una acción de tutela presentada contra la UARIV. La providencia, que confirma la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, se dictó en cumplimiento del trámite constitucional correspondiente para la protección de derechos fundamentales. La decisión se adoptó en sesión del 9 de junio de 2025.
Antecedentes fácticos y procesales
La acción de tutela fue interpuesta luego de que una persona víctima de desplazamiento forzado solicitara a la UARIV información clara sobre la fecha y el valor de la indemnización administrativa que le correspondía, así como sobre posibles documentos faltantes para acceder a dicha indemnización. Inicialmente, la entidad respondió con indicaciones generales y mencionó la aplicación de un método técnico de priorización para la asignación de recursos.
Ante la falta de respuesta concreta, la solicitante presentó un segundo derecho de petición el 13 de febrero de 2025 con la misma solicitud. Sin embargo, no recibió respuesta de fondo. En consecuencia, interpuso la acción de tutela para exigir la protección de su derecho fundamental de petición.
El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que conoció inicialmente del caso, declaró improcedente la tutela el 30 de abril de 2025 por haberse configurado el hecho superado. Fundamentó su decisión en que la UARIV emitió respuesta detallada explicando que la indemnización estaba reconocida pero su entrega estaba sujeta al método técnico de priorización anual, y que, para la vigencia fiscal de 2024, no se otorgó desembolso por falta de acreditación de urgencia o vulnerabilidad extrema.
Consideraciones centrales de la decisión
El Tribunal Superior de Bogotá realizó un análisis riguroso sobre los requisitos de procedencia de la acción de tutela, confirmando que:
- Legitimación activa: La solicitante tenía derecho a interponer la tutela al reclamar la protección de derechos fundamentales.
- Legitimación pasiva: La UARIV, como entidad pública, era la autoridad responsable cuya acción u omisión podría vulnerar derechos fundamentales.
- Inmediatez: La acción fue presentada dentro de un plazo razonable, menos de dos meses después de la solicitud sin respuesta.
- Subsidiariedad: No existía otro medio judicial idóneo para exigir respuesta clara a la solicitud, por lo que la tutela procedía como mecanismo constitucional.
No obstante, el tribunal concluyó que el derecho fundamental de petición no estaba vulnerado, pues la entidad accionada emitió una respuesta clara, precisa y de fondo antes del fallo de primera instancia, explicando la situación administrativa, el reconocimiento de la indemnización y el procedimiento de priorización para su desembolso. Se destacó que el derecho de petición implica el derecho a recibir respuesta, no necesariamente una respuesta favorable.
El tribunal explicó que el fenómeno de
hecho superado ocurre cuando la omisión o acción reprochada ya fue superada, lo que se evidenció en este caso con la emisión de la contestación completa y la notificación a la solicitante.
Implicaciones y cierre
Con base en lo anterior, el Tribunal Superior confirmó la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela. Esta decisión implica que, en casos donde la entidad pública responde de manera clara y completa a la solicitud de un ciudadano, aún si la respuesta es negativa o condicionada, no se configura vulneración del derecho fundamental de petición.
La providencia indica además que contra esta decisión no procede recurso alguno y que el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Este caso reafirma la importancia de la acción de tutela como mecanismo para proteger derechos fundamentales, pero también la necesidad de que las solicitudes ciudadanas reciban respuestas claras y oportunas por parte de las entidades públicas, conforme a los procedimientos administrativos vigentes. Así, se fortalece la confianza en las instituciones y se garantiza el respeto por los derechos de las víctimas en procesos administrativos complejos.
