Providencia y tribunal que profiere la decisión

El Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Penal, emitió un auto interlocutorio que confirma la providencia proferida por el Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Esta decisión se da en segunda instancia, tras el recurso de apelación interpuesto contra la negativa de extinción y prescripción de la sanción impuesta por el delito de hurto atenuado tentado.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con una condena emitida en septiembre de 2017 por un juzgado penal municipal con funciones de conocimiento, que impuso una pena de dos meses de prisión por hurto simple atenuado tentado. Dicha condena fue objeto de suspensión condicional de la ejecución de la pena, condicionada al cumplimiento de ciertas obligaciones, entre ellas la constitución de una caución y la suscripción de una diligencia de compromiso. Posteriormente, ante una solicitud de extinción y prescripción de la sanción, el juzgado de ejecución negó tal petición, argumentando que el condenado no cumplió con las condiciones impuestas para mantener el beneficio de la suspensión condicional. Se sostuvo además que el término para la prescripción debía contarse a partir del momento en que la suspensión fue revocada y la pena quedó en ejecutoria, hecho que ocurrió tras la revocación del beneficio por incumplimiento de las obligaciones. El apoderado del condenado interpuso recurso de apelación insistiendo en que el término de prescripción debía contarse desde la emisión de la sentencia original y que no se habían configurado causales de interrupción o suspensión del término, incluyendo la suspensión derivada de la pandemia.

Consideraciones del Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la competencia del juzgado de ejecución para conocer y decidir sobre la apelación. En su análisis, el tribunal destacó que la ejecutoriedad de la sentencia marca el inicio de la coercibilidad y obligatoriedad del fallo, conforme a la jurisprudencia de las altas cortes y la legislación vigente, especialmente el Código Penal y la Ley 906 de 2004. Se enfatizó que la suspensión condicional de la ejecución de la pena implica el cumplimiento de obligaciones específicas, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación del beneficio y a la ejecución inmediata de la sanción. La providencia que dispuso la ejecución de la pena tras la revocación del beneficio fue clara y cumplió con el debido proceso, estableciendo un nuevo punto de partida para el cómputo del término de prescripción, que no había transcurrido en su totalidad. El tribunal también aclaró que la suspensión de términos judiciales decretada durante la pandemia no es aplicable en materia penal para efectos de prescripción, conforme al Decreto Legislativo 564 de 2020 y la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, no correspondía extender los plazos de prescripción en este caso. Finalmente, se destacó que el periodo de prueba para la suspensión condicional comienza desde la suscripción de la diligencia de compromiso, y durante este plazo el juzgado tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas, pudiendo revocar el beneficio ante cualquier incumplimiento, lo cual ocurrió en este asunto.

Conclusión y efectos de la decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la providencia que negó la extinción y prescripción de la pena impuesta por hurto atenuado tentado. La decisión reitera la importancia del cumplimiento de las obligaciones durante la suspensión condicional de la pena y la correcta aplicación del régimen de prescripción y ejecutoriedad de las sentencias penales. Contra esta decisión no procede recurso alguno, por lo que el asunto fue remitido nuevamente al juzgado de ejecución para su cumplimiento conforme a derecho. Esta providencia reafirma los parámetros legales que regulan la ejecución de penas y los efectos de la suspensión condicional, así como la interpretación jurisprudencial sobre la prescripción de las sanciones penales, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales en el ámbito penal.