Contexto y fundamento legal del proyecto de decreto
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administra el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que incluye activos sociales y no sociales afectados por medidas cautelares dentro de procesos de extinción de dominio, así como bienes ya declarados como extintos a favor del Estado. La SAE tiene la responsabilidad de conservar, administrar y enajenar estos bienes bajo un régimen de derecho privado, con el objetivo de generar valor social y económico.
El proyecto de decreto, anunciado en julio de 2025, se fundamenta en el artículo 210 de la Ley 2294 de 2023 y en la Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017, que autorizan la enajenación temprana de activos y el uso de recursos provenientes de estos bienes para fines sociales y públicos. Asimismo, se apoya en el Decreto 1068 de 2015 y sus modificaciones, que regulan la administración de recursos públicos y reservas técnicas para el cumplimiento de sentencias judiciales.
Objetivo y alcance del proyecto de decreto
El propósito principal del proyecto de decreto es reglamentar la transferencia anticipada de activos estratégicos administrados por la SAE a entidades públicas, con el fin de facilitar su aprovechamiento en la ejecución de políticas sociales, ambientales y de desarrollo. Se busca garantizar la eficiencia, transparencia y planificación en la gestión de estos activos, priorizando criterios de función social y ecológica de la propiedad, conforme al artículo 58 de la Constitución Política.
Los activos objeto de transferencia incluyen tanto bienes sociales como no sociales que se encuentren en proceso de extinción de dominio, siempre que hayan sido identificados como estratégicos por la SAE y se ajusten a los lineamientos para calcular su valor de transferencia pública establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Principales modificaciones y medidas propuestas
Entre las medidas específicas que plantea el proyecto de decreto se encuentran:
- Disposición anticipada de activos: La SAE transferirá a valor social de transferencia pública los activos estratégicos bajo su administración en proceso de extinción, siguiendo la metodología definida por la Circular 0009-4 de 2025 del DNP.
- Constitución y administración de reserva técnica: Se mantendrá una reserva técnica con recursos provenientes de la enajenación temprana para cubrir el riesgo derivado de sentencias que declaren la improcedencia de extinción de dominio. Esta reserva será administrada mediante depósitos del Tesoro y supervisada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Cumplimiento de fallos judiciales: En caso de sentencias favorables a los afectados en procesos de extinción de dominio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará directamente al demandado el valor determinado en la sentencia, descontando los costos de administración del activo.
- Materialización de transferencias: Las transferencias se formalizarán mediante acto administrativo de la SAE, con notificación a la entidad beneficiaria y registro ante la autoridad competente. Las entidades receptoras asumirán la posesión inmediata y la responsabilidad del saneamiento físico, catastral y jurídico de los activos, sin necesidad de entrega material por parte de la SAE.
- Adjudicación de bienes a terceros: Las entidades públicas receptoras podrán adjudicar los bienes transferidos a poblaciones beneficiarias de programas misionales, incluyendo la transferencia de vivienda de interés prioritario como subsidio en especie, conforme a la Ley 2079 de 2021.
- Saneamiento de activos: Las entidades públicas del orden nacional estarán obligadas a ceder gratuitamente a la SAE la cartera vencida de activos sociales y no sociales que administren en procesos de extinción de dominio, para que la SAE pueda transferirlos a valor social a otras entidades públicas.
Participación de actores clave en la implementación
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, tendrá un rol central en la administración de la reserva técnica y en la formalización de pagos derivados de sentencias judiciales. La SAE será la entidad encargada de administrar los activos, realizar las transferencias mediante actos administrativos y ajustar la metodología de administración conforme a los lineamientos técnicos.
El Departamento Nacional de Planeación estableció los lineamientos metodológicos para calcular el valor de transferencia pública de activos estratégicos, aportando un marco técnico para la valoración y asignación de bienes. Asimismo, la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá funciones para garantizar el registro oportuno de las transferencias en los folios de matrícula inmobiliaria.
Las entidades públicas receptoras de los activos transferidos asumirán la responsabilidad de la posesión, el saneamiento jurídico y físico de los bienes, así como la ejecución de los fines sociales para los cuales se destinen.
Metodología para la valoración y análisis del riesgo
El proyecto incluye un anexo técnico que contiene los lineamientos para calcular el valor de transferencia pública de los activos estratégicos, diferenciando entre activos con avalúo comercial, rurales y urbanos, así como activos sociales. La metodología considera criterios de transparencia, equidad y sostenibilidad, incorporando variables como avalúos catastrales, índices de valoración predial, valor agregado agropecuario y tasas de descuento social.
Además, se realizaron análisis estadísticos y proyecciones basadas en datos históricos de sentencias de devolución de inmuebles en procesos de extinción de dominio, utilizando modelos predictivos y simulaciones para estimar escenarios futuros y cuantificar el riesgo financiero asociado. Estos estudios permiten anticipar la magnitud potencial de devoluciones y definir mecanismos para la gestión adecuada de la reserva técnica.
Acceso al proyecto y participación ciudadana
El proyecto de decreto fue publicado para comentarios de la ciudadanía conforme a lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, permitiendo la participación y recepción de observaciones a través de los canales oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Esta apertura busca garantizar la transparencia y legitimidad en el proceso de reglamentación.
En síntesis, el decreto busca establecer un marco normativo claro para la transferencia anticipada de activos estratégicos administrados por la SAE a entidades públicas, facilitando su aprovechamiento en políticas sociales y públicas, y asegurando la gestión adecuada de riesgos derivados de procesos judiciales en materia de extinción de dominio. Con esta iniciativa, se espera promover una mayor eficiencia en el uso de los bienes públicos y fortalecer el impacto social de las políticas implementadas a partir de estos activos.
