Propósito y Objetivo del Proyecto de Resolución

La CREG, en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, ha planteado un proyecto de resolución cuyo propósito general es proveer una base normativa integral que guíe el actuar de los prestadores del servicio público de distribución de combustibles líquidos en Colombia. El proyecto está diseñado para ser congruente con los principios y obligaciones establecidos en la Constitución Política y en la ley, asegurando que la regulación vigente en temas específicos prevalezca cuando sea aplicable. El objetivo principal es lograr un marco regulatorio que permita la prestación eficiente, transparente y continua del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, exceptuando el gas licuado de petróleo (GLP). Esta regulación abarca actividades como refinación, importación, almacenamiento, distribución mayorista, transporte, distribución minorista y la producción y transporte de biocombustibles destinados a la mezcla con dichos combustibles. Este marco normativo busca beneficiar a todos los agentes involucrados en la cadena —refinadores, importadores, almacenadores, distribuidores mayoristas y minoristas, transportadores y grandes consumidores— así como proteger los derechos de los usuarios y asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado.

Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos

El proyecto establece reglas generales de comportamiento para los agentes que operan en la cadena de distribución, enfatizando la transparencia, la neutralidad, la eficiencia económica y la libre competencia. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:

• Información para la toma de decisiones: Se exige que la información sobre productos y servicios sea clara, suficiente y verificable, facilitando la comprensión y comparación por parte de los usuarios.
• Publicación de procedimientos: Los agentes deberán publicar y mantener actualizados en sus portales web los plazos y requisitos de todos los procedimientos relacionados con el acceso a bienes esenciales y el cambio de prestador, garantizando así la transparencia y acceso anticipado a la información.
• Regulación de cobros: Los cobros no previstos en la regulación vigente deben basarse en parámetros explícitos, objetivos y verificables, debiendo informarse previamente y abstenerse de cobros no pactados.
• Manejo adecuado de información: Se prohíbe el intercambio de información que pueda restringir la oferta, el acceso al mercado o distorsionar su funcionamiento eficiente, protegiendo así la competencia.
• Libre acceso a bienes esenciales y mercados: Se garantiza el acceso razonable a bienes esenciales para la prestación del servicio y se evita el uso de mecanismos que restrinjan el acceso al mercado o la libre elección de los usuarios.
• Equidad en el trato: Se establece el tratamiento neutral a usuarios y prestadores con características análogas, evitando discriminaciones.
• Gestión de riesgos y continuidad: Se promueve la gestión diligente de riesgos financieros y operativos para asegurar la disponibilidad y continuidad del servicio, así como evitar prácticas que pongan en riesgo la prestación.

Acciones y Regulaciones Específicas

El proyecto contiene acciones claras para la implementación efectiva de estas disposiciones, incluyendo:

• El cumplimiento riguroso de principios regulatorios constitucionales y legales.
• Obligaciones para los agentes de actuar con diligencia, honorabilidad y profesionalismo.
• Definición de protocolos para asegurar la administración neutral y transparente de información centralizada.
• Establecimiento de requisitos explícitos, objetivos y verificables para la cesión o terminación de vínculos contractuales.
• Exigencia de mantener soporte documental para verificar la correcta imputación de costos y evitar subsidios cruzados.
• Obligación de publicar procedimientos y requisitos en portales web accesibles para usuarios y otros agentes.

Cabe destacar que las obligaciones relacionadas con la publicación y actualización de procedimientos serán exigibles seis meses después de la publicación de la resolución en el Diario Oficial, mientras que las demás disposiciones serán aplicables a partir de dicha publicación.

Impacto y Alcance Potencial

La implementación de este proyecto de resolución pretende fortalecer la regulación económica del sector de distribución de combustibles líquidos, promoviendo un mercado más transparente, competitivo y eficiente. Se busca proteger los derechos de los usuarios, evitar prácticas anticompetitivas y abusos de posición dominante, y garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio público. Asimismo, el proyecto contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Estado en materia de servicios públicos, promoviendo la libre competencia y el acceso equitativo a bienes esenciales y mercados para todos los agentes involucrados. Esto puede traducirse en beneficios para los consumidores finales, incluyendo una mejor calidad en el servicio, condiciones claras y justas, y un mercado más competitivo.

Participación de Actores Clave

La Comisión de Regulación de Energía y Gas ha abierto un período de consulta pública por un mes, invitando a agentes del mercado, usuarios, autoridades locales municipales y departamentales, y demás interesados a remitir sus observaciones y sugerencias. Esta participación es fundamental para enriquecer la regulación y ajustarla a las realidades del sector y las necesidades de los usuarios. Los comentarios pueden ser enviados a la Dirección Ejecutiva de la CREG a través del correo electrónico oficial, identificando el asunto correspondiente al proyecto de resolución. De esta manera, el proceso normativo busca ser inclusivo y transparente, contando con la colaboración de todos los sectores relacionados con la distribución de combustibles líquidos.

Marco Legal y Constitucional

El proyecto se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, incluyendo los artículos 333, 334 y 365 de la Constitución Política, así como la Ley 39 de 1987 y sus modificaciones, el Decreto 1056 de 1953, y otros decretos y resoluciones que regulan el sector petrolero y energético en Colombia. Además, la CREG actúa conforme a las facultades delegadas por el Gobierno Nacional, en particular mediante la Resolución conjunta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, que le asigna funciones específicas de regulación económica en la cadena de combustibles líquidos. La regulación propuesta incorpora criterios orientadores para promover la eficiencia, innovación tecnológica, seguridad, confiabilidad, libre competencia y expansión de infraestructura, en línea con estándares internacionales y recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). --- Este proyecto representa un paso significativo en la regulación del mercado de distribución de combustibles líquidos en Colombia, con un enfoque integral que busca equilibrar los intereses económicos, sociales y de los usuarios bajo un marco normativo claro y actualizado. La consulta pública permitirá recoger aportes que fortalezcan esta iniciativa antes de su eventual adopción definitiva, contribuyendo así al desarrollo sostenible y competitivo del sector energético del país.