Entidades involucradas y contexto normativo

La Resolución 202510000000895, emitida el 8 de julio de 2025 por el Director General del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), publicada en el Diario Oficial No. 53.182 el 15 de julio de 2025, unifica actos administrativos previos y establece un marco regulatorio claro para la entrega y retiro de activos eléctricos propiedad del IPSE. Esta regulación se enmarca en un contexto legal amplio que incluye disposiciones constitucionales, leyes sectoriales como la Ley 142 de 1994, Ley 143 de 1994, Ley 2099 de 2021, Ley 2294 de 2023, y decretos reglamentarios, que regulan la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, especialmente en las Zonas No Interconectadas (ZNI), territorios que presentan retos particulares para la provisión eficiente y sostenible de energía.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de la resolución es el establecimiento de un procedimiento competitivo y condiciones específicas para la entrega a título no traslaticio de dominio de activos eléctricos propiedad del IPSE a personas o entidades autorizadas para prestar el servicio público domiciliario de energía eléctrica. También regula el retiro de dichos activos cuando se presenten irregularidades o incumplimientos. El público destinatario directo de esta resolución son los prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica, ya sean empresas públicas, privadas, mixtas, comunidades organizadas u otras formas autorizadas por la ley. Este grupo es fundamental porque son los responsables de la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura energética, y por ende, de garantizar la prestación eficiente y continua del servicio a los usuarios en las ZNI.

Objetivo y alcance de la resolución

El principal objetivo de esta resolución es armonizar e integrar las diversas normativas y actos administrativos relacionados con la entrega y administración de activos eléctricos en las ZNI, con especial énfasis en asegurar la sostenibilidad, la protección del patrimonio público y la continuidad del servicio. Busca también establecer un procedimiento claro, transparente y competitivo para la asignación de estos activos, garantizando que los prestadores cumplan con los requisitos de capacidad jurídica, técnica, financiera y experiencia. La resolución se aplica a todas las entregas y retiros de activos eléctricos del IPSE, incluyendo tecnologías de generación convencionales y no convencionales como hidroeléctrica, diésel, solar, biomasa, entre otras. Además, integra normas relativas a comunidades energéticas, un concepto jurídico reciente que busca la participación comunitaria en la gestión energética.

Decisiones y regulaciones clave

Entre las principales decisiones y regulaciones destacan:

• Procedimiento competitivo para la entrega de activos: Se establece un proceso con etapas y plazos simplificados para seleccionar al prestador que recibirá los activos a título no traslaticio de dominio. En casos de monopolios naturales o esquemas consolidados, el IPSE podrá realizar entregas directas justificadas.
• Presupuestos habilitantes: Se definen los requisitos de capacidad jurídica, experiencia, capacidad técnica y financiera que deben cumplir los interesados.
• Criterios ponderables para la selección: Incluyen la acreditación de garantía de sostenibilidad, suscripción de contratos uniformes con usuarios, vinculación comunitaria, incorporación de capital privado para reposición de activos, uso de tecnologías para telemedida, proyectos productivos y otorgamiento de garantías.
• Procedimiento para retiro de activos: Se adopta un procedimiento administrativo sancionatorio para retirar activos entregados cuando se evidencien uso inadecuado, deficiencias significativas en la prestación del servicio o incumplimientos contractuales. Se prevé además una intervención inmediata en casos graves para proteger el patrimonio público y la continuidad del servicio.
• Entrega progresiva de activos: Se permite la entrega anticipada y por etapas de activos eléctricos en ejecución, siempre que se garantice su funcionamiento independiente y se haya definido un prestador responsable.
• Delegación: Se delegan funciones específicas para la gestión de entrega y retiro de activos en un funcionario de la Subdirección de Contratos y Seguimiento, garantizando así eficiencia administrativa.

Base legal y modificaciones

La resolución se fundamenta en un sólido bloque normativo que incluye:

• Artículo 365 de la Constitución Política, que establece el carácter social y regulado de los servicios públicos.
• Decreto 257 de 2004, que define las funciones y objeto del IPSE.
• Leyes 142 y 143 de 1994, que regulan el servicio público domiciliario y los contratos especiales para transferencia de bienes.
• Ley 2099 de 2021, que establece requisitos para garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos en ZNI.
• Ley 2294 de 2023, que incorpora el concepto de comunidades energéticas.
• Decretos reglamentarios y resoluciones previas del IPSE que se unifican y armonizan en esta nueva resolución.

Esta resolución unifica y complementa las Resoluciones 20241000002845 y 20241000003395 de 2024, integrando criterios y procedimientos para evitar contradicciones y facilitar su aplicación conjunta.

Plazos y procedimientos

El procedimiento competitivo se desarrolla en etapas breves, con plazos predefinidos que incluyen observación de términos de referencia, presentación de ofertas, aclaraciones, decisión y suscripción de contratos, totalizando un proceso ágil que puede ampliarse discrecionalmente según la necesidad. El procedimiento administrativo para retiro de activos asegura el respeto al debido proceso y la participación de terceros afectados, aunque prevé la posibilidad de intervención inmediata en situaciones de riesgo grave para el servicio o el patrimonio público.

Impacto potencial

Con esta resolución, el IPSE establece un marco claro y unificado para la gestión de activos eléctricos en Zonas No Interconectadas, promoviendo la transparencia, la competencia y la sostenibilidad en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Además, fortalece la protección del patrimonio público y asegura mecanismos efectivos para la supervisión, administración y eventual retiro de activos, en línea con los objetivos constitucionales y legales del sector. Este acto administrativo también facilita la incorporación de comunidades energéticas y la participación comunitaria, lo cual puede fomentar modelos innovadores y sostenibles de gestión energética en territorios vulnerables. En suma, la resolución representa un avance normativo que contribuye a mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en zonas que históricamente enfrentan desafíos técnicos y económicos para su acceso a la energía. --- Para consultar el texto completo de la Resolución 202510000000895 de 2025, puede accederse al Diario Oficial No. 53.182 del 15 de julio de 2025 o al sitio web oficial del IPSE.