Contexto y naturaleza de la providencia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “B”, profirió un auto el 10 de julio de 2025, mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial. Este auto corresponde a una decisión de segunda instancia, que da continuidad al trámite judicial para revisar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso inició con la presentación de una demanda por reparación directa contra la Nación - Rama Judicial. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá emitió sentencia el 30 de abril de 2025, en la cual negó las pretensiones de la demanda. La notificación de dicha sentencia se realizó por correo electrónico el 5 de mayo de 2025.
En respuesta, la parte demandante interpuso un recurso de apelación el 14 de mayo de 2025, cumpliendo con el término legal de diez días posteriores a la notificación para sustentar el recurso. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 20 de junio de 2025, concedió la apelación y posteriormente, mediante el auto objeto de este análisis, procedió a admitirla formalmente.
Consideraciones jurídicas que sustentan la admisión del recurso
La admisión del recurso de apelación se fundamenta principalmente en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que regula el trámite para recurrir sentencias proferidas en primera instancia.
De acuerdo con esta norma:
- El recurso debe ser interpuesto y sustentado ante la autoridad que dictó la sentencia dentro de los diez días siguientes a su notificación.
- En caso de que la sentencia sea condenatoria, y si las partes lo solicitan de común acuerdo, la autoridad debe convocar a una audiencia de conciliación antes de decidir sobre la concesión del recurso.
- El juez o magistrado superior debe conceder el recurso mediante auto, siempre que se cumplan los requisitos legales, y proceder a remitir el expediente para su estudio.
- Durante el trámite en segunda instancia, las partes podrán participar en el proceso y, si es necesario, se decretarán pruebas y se concederá plazo para alegatos.
- Finalmente, la sentencia de segunda instancia debe dictarse en el término de veinte días, ordenando el cumplimiento de lo decidido.
En el caso analizado, la parte demandante presentó la apelación dentro del término legal, y el recurso cumplió con los requisitos formales exigidos. Por ello, el Tribunal decidió admitirlo, lo que implica que el proceso continuará su curso en segunda instancia para la revisión del fondo del asunto.
Decisión y notificaciones
Con base en lo anterior, el Magistrado Ponente resolvió:
- Admitir el recurso de apelación interpuesto y sustentado oportunamente contra la sentencia de primera instancia.
- Notificar a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la admisión del recurso, utilizando los correos electrónicos proporcionados por los intervinientes.
- Ingresar nuevamente el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.
La providencia fue firmada electrónicamente, garantizando su autenticidad y conservación conforme a lo establecido en el artículo 186 del CPACA.
Importancia del auto para el proceso administrativo
La admisión del recurso de apelación en este caso es relevante porque permite que el litigio continúe su curso, garantizando el derecho a la doble instancia y la revisión exhaustiva de las decisiones judiciales. Además, reafirma el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la legislación vigente, especialmente en lo relativo a los términos y requisitos formales para la interposición de recursos en procesos administrativos.
En síntesis, el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sienta un precedente sobre la correcta aplicación de las normas procesales en materia de reparación directa contra entidades estatales, asegurando que las partes puedan ejercer plenamente sus derechos dentro del debido proceso y fortaleciendo la transparencia y justicia en la administración pública.
