Contexto y naturaleza de la decisión
La providencia judicial en análisis corresponde a un auto emitido por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La resolución se pronuncia sobre un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso de queja interpuestos por la parte demandante contra un auto previo que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso fue iniciado por una sociedad mercantil que impugnó una actuación administrativa de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN). La sentencia de primera instancia fue proferida el 30 de agosto de 2024 y notificada a las partes el 2 de septiembre del mismo año. La parte demandante interpuso recurso de apelación el 19 de septiembre de 2024, un día después de vencido el término legal para ello, lo que motivó su rechazo por extemporáneo mediante auto del 20 de noviembre de 2024.
Frente a este rechazo, la parte demandante presentó recurso de reposición y, subsidiariamente, recurso de queja, argumentando que la extemporaneidad obedeció a una enfermedad grave que afectó al apoderado judicial, quien fue sometido a un procedimiento quirúrgico odontológico de urgencia y se vio imposibilitado para ejercer sus funciones en forma oportuna. Se acompañó una certificación médica que acreditaba la intervención y la incapacidad médica otorgada.
Consideraciones jurídicas del Tribunal
El Tribunal analizó la procedencia de la interrupción del proceso invocada como causal para justificar la extemporaneidad del recurso de apelación, conforme al artículo 159 del Código General del Proceso, que contempla la interrupción por enfermedad grave del apoderado judicial siempre que esta impida el ejercicio normal de sus funciones.
Para determinar si existió dicha causal, la corporación revisó la documentación aportada, en especial la certificación odontológica que indicaba un procedimiento de "raspaje y alisado radicular" con recomendación de reposo para actividades de alto y mediano impacto durante tres días. Sin embargo, el Tribunal consideró que la intervención no se enmarcó dentro de una urgencia médica que paralizara el ejercicio profesional del apoderado judicial. Asimismo, señaló que la actividad propia de la defensa técnica es fundamentalmente intelectual y puede realizarse mediante herramientas tecnológicas, que permiten incluso la presentación electrónica de recursos y actuaciones procesales desde cualquier lugar.
Por tanto, concluyó que la incapacidad médica otorgada no constituía una limitación suficiente para impedir el desarrollo normal de las funciones del apoderado y, en consecuencia, no se configuró la causal legal de interrupción del proceso que justificara la extemporaneidad del recurso de apelación.
Respecto al recurso de queja, la providencia indicó que es procedente conforme al artículo 353 del Código General del Proceso, por lo que ordenó remitir las actuaciones correspondientes al Consejo de Estado para su trámite.
Decisión y efectos
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
- No reponer el auto del 20 de noviembre de 2024 que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
- Conceder el recurso de queja interpuesto contra dicho auto.
- Remitir el expediente completo al Consejo de Estado para que se tramite el recurso de queja.
- Notificar la providencia por estado, conforme a lo previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
La providencia fue firmada electrónicamente por la magistrada ponente, garantizando su autenticidad e integridad conforme a las normas vigentes.
Reflexiones finales
Esta resolución reafirma la interpretación restrictiva que los tribunales realizan sobre la causal de interrupción del proceso por enfermedad grave del apoderado judicial, enfatizando que debe existir una verdadera incapacidad para el ejercicio de las funciones profesionales que impida la defensa técnica de la parte. Además, destaca la relevancia y utilidad de las tecnologías de la información en la gestión judicial, que permiten el cumplimiento de las actuaciones procesales aun en situaciones personales adversas.
El trámite del recurso de queja ante el Consejo de Estado constituye un mecanismo adicional de control sobre decisiones procesales que afectan el derecho fundamental a la defensa y la tutela judicial efectiva, reforzando la protección de los derechos de las partes en el proceso administrativo.
En definitiva, esta decisión contribuye a consolidar criterios claros sobre la valoración de causales que justifican la interrupción de términos procesales, asegurando un equilibrio entre la protección de los derechos de las partes y la efectividad del proceso judicial.
